Condiciones para la reforma
Algunos llevamos años destacando la
conveniencia de una reforma constitucional, y aprovechamos especialmente cada
vez que se acerca el aniversario de su aprobación para dar difusión a esta
idea. Pero hay que reconocer que en ocasiones lo hacíamos, como en el título
del libro de Ángel González, “sin esperanza, con convencimiento”. Ahora, sin
embargo, parece que algunas condiciones han cambiado. Se acaba de estrenar una
nueva legislatura, e incluso tenemos un Gobierno que no está en funciones.
Nadie tiene mayoría. En estas condiciones puede suceder lo peor o lo mejor.
Puede que se produzca un bloqueo que impida la acción legislativa y de
gobierno, y que conduciría irremediablemente, más pronto que tarde, a nuevas
elecciones. O puede que algunos partidos sean capaces de entenderse en aspectos
básicos, comenzando por los presupuestos para 2017, siguiendo por grandes
pactos en materias básicas, entre las que parece prioritaria la educación, y
siguiendo por la reforma constitucional. Habríamos logrado, entonces, hacer de
la necesidad virtud. Visto así, quién sabe, puede que ahora tengamos las
mejores condiciones de los últimos años para la reforma constitucional.
Aunque yo he dicho siempre que el
consenso no suele ser el punto de partida, sino el de llegada, para que esto se
produzca conviene ir estableciendo las bases, lo que implica preguntarse por
qué reformar, qué reformar, y en qué línea ha de ir la reforma. Porque creo que
no se trata de que haya que reformar porque las nuevas generaciones tengan
(tengamos, pues yo, que ya no presumo de joven, tampoco pude votar la
Constitución de 1978) el deber de hacer una nueva Constitución (basta analizar
la Constitución más longeva del mundo, la de Estados Unidos, para comprender
que las cosas “no funcionan así” necesariamente en el ámbito constitucional);
ni, desde luego, porque la Constitución vigente haya fracasado, ya que, antes
al contrario, nos ha permitido disfrutar –y no es un tópico aunque lo parezca-
del período de democracia más sólida y consolidada, y de mayor prosperidad, de
toda nuestra historia contemporánea. Más bien hay que reformar, simplemente,
porque hay cosas que pueden funcionar mejor, aspectos que conviene actualizar,
cuestiones en las que conviene profundizar en una democracia más participativa.
Todo ello, siendo plenamente conscientes de que la reforma, por sí misma, no
garantiza ni la felicidad, ni la prosperidad económica y social, ni siquiera
una democracia absoluta y pura en la que no hubiera condicionamiento alguno en
la toma de decisiones populares. Lo anterior nos conduce a sugerir una
actualización de la declaración de derechos, una mejora de su sistema de
garantías, elementos que faciliten una mayor participación popular y, sobre
todo, una más intensa comunicación entre electores y representantes; aspectos
institucionales importantes como el Senado, el sistema electoral, la limitación
de los mandatos o la sucesión en la Corona. Y, desde luego (y a nadie se le
oculta que esto es lo más peliagudo) una reforma de la distribución territorial
del poder que permita conseguir un encaje más satisfactorio de las partes y el
todo, sin merma de que la soberanía ha de mantenerse en el pueblo español. Para
empezar, cada partido debería explicitar sus propuestas y sus líneas, y así
podríamos contrastar, y tal vez descubramos que hay más acuerdos iniciales de
los imaginados, y sobre todo que conviene iniciar el camino.
(fuente de la imagen: http://www.derechoconstitucional.es/2012/02/procedimiento-agravado-de-reforma.html)
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