lunes, 21 de diciembre de 2015

La hora de la responsabilidad

La hora de la responsabilidad


            Los resultados de las elecciones generales del 20 de diciembre ponen de relieve, en primer lugar, que nuestro sistema de partidos ha cambiado desde un bipartidismo bastante imperfecto y limitado, que es lo que teníamos, a un pluripartidismo. Pero desde el punto de vista de la gobernabilidad, la situación es mucho más difícil de lo que cabía imaginar, pues diversas encuestas aventuraban la posibilidad de que la eventual suma de dos partidos alcanzase la mayoría absoluta, pero esa situación no se ha dado, de manera que todas las combinaciones posibles de dos, excepto la suma PP+PSOE, se quedan lejos de esa cifra de 176 que aseguraría la gobernabilidad. Por lo demás, durante la campaña los distintos candidatos han reiterado qué tipo de combinaciones excluían, o qué tipo de apoyos no estarían dispuestos a prestar. Pero la situación es tal que nos puede parecer que, si todos cumplen en este terreno lo que han prometido, no habría posible gobierno y volveríamos a unas elecciones dentro de poco más de tres meses.

            Por eso creo que ha llegado la hora de analizar la situación desde otro punto de vista. El momento de romper las dialécticas habituales de izquierda-derecha, vieja-nueva política, partidos tradicionales-partidos emergentes, y valorar la situación con responsabilidad, anteponiendo en todo caso los intereses generales de España. Desde esta perspectiva, la diferencia más notable sería entre constitucionalistas partidarios de la unidad de España, por un lado, y los demás. No me refiero a “constitucionalistas” como quienes niegan la posibilidad de reformar la Constitución (eso no lo hace ya nadie), sino a quienes sostienen que cualquier reforma debe, en primer lugar, seguir escrupulosamente los procedimientos establecidos, y en segundo lugar, debe respetar los principios y valores fundamentales de la Constitución, como la democracia, los derechos, la separación de poderes, la unidad de España y la monarquía parlamentaria. Si analizamos la cuestión desde esta perspectiva, la aritmética demandaría un pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos. Enseguida dirán algunos que eso es imposible o inviable, o comenzarán a discutir sobre quién debería liderar un gobierno con tales apoyos. Si pensamos en el interés general, esto último sería secundario, pero si tuviera que pronunciarme, creo que la opción más aceptable por todos sería que lo presida el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, como partido ideológicamente intermedio entre PP y PSOE. Esta propuesta exige desde luego importantes sacrificios y renuncias, sobre todo a PP y PSOE. Al primero, porque debería renunciar a presidir el Gobierno a pesar de haber ganado las elecciones en votos y escaños; y el segundo, porque le haría descartar la opción (no por remota y arriesgada, menos posible) de liderar él mismo un gobierno de izquierdas e independentistas. Pero también tendría sus ventajas para ellos: para el PP se antoja como la única posibilidad de participar en el próximo Gobierno; para el PSOE, es también la única opción razonable de participar en el Gobierno sin entregarse a las exigencias independentistas, ni ser inmediatamente fagocitado e instrumentalizado por Podemos. Sin incumplir por ello su promesa de no apoyar una investidura de Rajoy o un pacto directo y exclusivo con el PP. Para C´s, supondría pasar de una posible irrelevancia a ser el pilar del Gobierno, algo ganado como única opción de “engrasar” las siempre chirriantes relaciones entre PP y PSOE. Pero más importante que todo lo anterior es que esa opción sería buena para España. Si lo vemos con frialdad, las muy notables diferencias en muchos temas entre PP, C´s y PSOE son en este momento menos relevantes que lo que les une. Además, esta sería la oportunidad de abrir los grandes pactos de Estado que algunos venimos reclamando hace años en los temas medulares, como por ejemplo educación, garantías sociales mínimas, sistema electoral y, desde luego, la propia Constitución. No olvidemos que esta requiere mayorías cualificadas para su reforma, que no pueden alcanzarse sin un pacto de este tipo, sobre todo si consideramos que el PP, además de ser la fuerza más numerosa en el Congreso, tiene mayoría absoluta en el Senado. De manera que cualquier pacto que deje fuera al PP correría el riesgo de frustrar una de las principales propuestas que han hecho tanto PSIOE como C´s (y también podemos, que desde luego de ese proceso no debería quedar excluido), como es precisamente la reforma constitucional. Pero el PP no debería intentar una investidura de Rajoy si sabe que esta será rechazada tanto en primera como en segunda votación.                  


miércoles, 16 de diciembre de 2015

El puente de los espías

El puente de los espías


         
       Sin dudar de que Steven Spielberg es uno de los mejores directores de cine en décadas, su filmografía siempre me ha parecido desigual. Desde grandes éxitos que siempre me han parecido poco destacables, como E.T., a películas menos conocidas pero muy interesantes, como la opera prima “El diablo sobre ruedas”, pasando por obras maestras como “La lista de Schindler”, pero también por otras en las que un planteamiento altamente interesante se frustra a mi juicio por un desarrollo y desenlace demasiado alambicado y comercial, como en I.A. Pero en general creo que cualquier nuevo estreno suyo merece una oportunidad, y más si las críticas previas parecen en general positivas. Con ese planteamiento acudí a ver “El puente de los espías”, y creo que es una película relevante correcta, que merece la pena. Yo diría que es clásica, pero no convencional. Previsible, pero en cierto modo innovadora. Es clásica porque conscientemente busca reconstruir el ambiente y los guiones de las películas de suspense y espionaje de la época de la guerra fría, aunque en este caso el argumento está basado (o inspirado) en hechos reales. Es previsible porque a partir de cierto momento se puede adivinar el final. Pero sus mayores recursos, su excelente y cuidado rodaje, sus técnicas, etc., hacen que resulte innovadora y diferente a otras películas del género. Spielberg utiliza con gran maestría algunos recursos cinematográficos, lo que da valor al trabajo, y especialmente a algunas escenas como la inicial.


            Por lo demás, esa doble vertiente se aprecia en las dos fases claramente diferenciadas del largometraje. Porque la película comienza con un largo planteamiento, en el que conocemos la labor del abogado interpretado magníficamente por Tom Hanks en la defensa del espía ruso capturado. En esta parte es muy destacable (ya conocen mis lectores que soy un poco “vicioso” del Derecho Constitucional) el gran interés jurídico. En efecto, aparecen ahí cuestiones relevantes, como la ética profesional de los abogados, o que derechos tienen los extranjeros, y especialmente en el caso de quienes han sido capturados por espías al servicio de un Estado enemigo (en este caso la Unión Soviética). También se aprecia el gran conocimiento y apego que la mayoría de los estadounidenses han sentido siempre por su Constitución: el término “patriotismo constitucional” procede de Alemania, y tuvo cierta utilización en España, pero es porque en Estados Unidos la identificación entre la esencia de la nación y los valores constitucionales es tan intensa que no plantea problema ninguna si ha requerido ulteriores análisis. Es verdad que en todo este tema (y en muchos otros aspectos) la película parece recurrir a los habituales “típicos tópicos”, pero es porque Spielberg no pretende ocultar su clasicismo ni su vinculación con aquellas películas de espionaje de los 50. Además, resulta muy natural que el abogado protagonista crea firmemente en esos valores vinculados a la libertad y a la apertura, que en la época se encarnaban mucho más en Estados Unidos que en la Unión Soviética. En fin, la película tiene también una segunda fase, ubicada ya en Europa, y mucho mas centrada en la acción y el suspense, sin que, a diferencia de otras películas del mismo director, resulte excesiva en ningún punto. Y en esa fase y en el desenlace, la película resulta muy correcta y no por previsible es menos vibrante. En suma, aunque no me atrevo a calificarla de obra maestra, sí es muy recomendable y entretenida, y sirve en parte para ejemplificar problemas jurídicos y éticos.

(fuente de la imagen: http://bridgeofspies.com)

jueves, 3 de diciembre de 2015

¿Lifting o cirugía?

¿Lifting o cirugía?



No, mis estimados lectores, no es que mi afición por la estética y la cirugía haya ido más allá de lo imprescindible. Más bien, como pueden suponer, es una metáfora –que espero no resulte incorrecta o inadecuada para nadie- aplicable a la Constitución. Porque si bien cada año, desde hace ya bastantes, somos más los que venimos señalando que ha llegado el momento en que su reforma va pasando de ser conveniente a necesaria, quizá es la primera vez que esta eventualidad ha pasado de ser posible a altamente probable, para la próxima legislatura. En efecto, buena parte de los partidos políticos llevan propuestas más o menos amplias de reforma en sus programas para las próximas elecciones, y en general ya todos aceptan esa posibilidad para la próxima legislatura. Claro está que, a partir de ahí, muchas de estas propuestas parecen todavía demasiado vagas e inconcretas, y desde luego hay muy poca coincidencia sobre a qué aspectos deben abarcar, y en qué sentido deben ir la reformas. En suma, unos se conformarían con un “lifting”, que eventualmente no conlleve intervención quirúrgica, y otros preferirían una más profunda cirugía reparadora, sin olvidar que, por desgracia, algunos parecen más partidarios de aplicarle a la norma fundamental de 1978 la eutanasia, y empezar de cero un nuevo proceso constituyente que ignore incluso las reglas de reforma del texto vigente. Pero como ya he dicho muchas veces, difícilmente el consenso ha sido nunca el punto de partida, y más bien se configura como un punto de llegada, y así lo fue en los años 1977 y 1978, que dieron lugar al texto constitucional vigente.

            En cualquier caso, parece llegado el momento de ir avanzando algo en el cómo y el qué convendría reformar. Comenzando por lo primero, cuando hablo del “cómo”, no me refiero a la obviedad (aunque parece que algunos no lo consideran tal) de que habría que seguir los procedimientos previstos en los artículos 166 y siguientes de la propia norma fundamental, sino también a qué condiciones políticas serían deseables para que el nuevo texto tuviera el suficiente apoyo y legitimidad y sea capaz de generar el necesario sentimiento constitucional. Y en este aspecto, más allá de la aritmética, conviene apuntar dos ideas: la primera, que el apoyo debería ser lo suficientemente amplio como para que no quedase fuera ninguna de las fuerzas políticas mayoritarias, tanto a nivel estatal, como en lo relativo a las fuerzas de ámbito regional con mayor apoyo. Es probable que la unanimidad sea un objetivo inalcanzable, pero al menos el apoyo a cualquier reforma ha de ser muy intenso tanto en términos cuantitativos (número de diputados y senadores) como cualitativo (variedad de fuerzas políticas, y por decirlo claramente no sería idóneo, aunque sí posible, un acuerdo de solo tres fuerzas políticas aunque alcanzasen hipotéticamente los dos tercios necesarios para la reforma agravada). La segunda idea: aunque por razones muy comprensibles, en el tema de la reforma la Constitución solo concedió a las Comunidades Autónomas, a través de sus asambleas, la facultad de presentar la iniciativa, ahora no me parecería lógico un proceso en el que las Comunidades no fueran oídas de algún modo, y que al menos de forma muy mayoritaria apoyasen el texto resultante. 

 Respecto al "qué", conviene empezar a valorar cuáles podrían ser los contenidos o aspectos fundamentales que una próxima reforma constitucional habría de abarcar. Aquí, como ya se ha dicho, las alternativas propuestas son muy variadas. Yo, por ir situándome, me ubicaría en un punto intermedio entre lo que sería una mera operación cosmética, o de muy escasa incidencia de fondo, y lo que supondría “matar” a esta Constitución, que será lo que sea, pero no es ni tan vieja ni mucho menos inútil, si lo consideramos en términos comparados. El intento frustrado de la legislatura iniciada en 2004 era, después de todo, poco más que un “lifting” con intervenciones bastante superficiales (sobre todo las relativas a la mención de las Comunidades Autónomas y a la Unión Europea), pero aun así el Consejo de Estado se encargó de poner de relieve sus dificultades. Yo creo que ahora habría que ir, por muchas razones, a una cirugía más profunda, y así, además de algunos de aquellos aspectos (Senado, sucesión a la Corona, Unión Europea), habría que revisar muchos otros, y la reforma podría afectar a buena parte de los títulos de nuestra carta magna.

A título de muestra, creo que habría que considerar la reforma en materia de derechos fundamentales, para ampliar los mismos, incluyendo algunos derivados de cambios sociales y culturales o de avances científicos y tecnológicos (explicitar derechos como la intimidad informática), así como profundizar en las garantías de los derechos, especialmente de los económicos sociales y culturales. También habría que establecer nuevas firmas de participación ciudadana, y eliminar algunas restricciones o dificultades existentes en esta materia (es muy difícil plantear con éxito una iniciativa legislativa popular, el referéndum ha sido muy poco utilizado y parece bastante restringido). Hay cuestiones técnicas muy importantes que han de revisarse, como la relativa a la posición de los tratados en nuestro sistema de fuentes, y el control de las leyes y otras normas en caso de que infrinjan esos tratados. También merece la pena ver en qué conviene reformar el Tribunal Constitucional, tanto en su composición (acaso un número impar de magistrados fuese una buena idea), como en sus competencias (quizá convenga dejar el amparo en manos de los tribunales ordinarios y especializar al Constitucional en procesos de control, incluyendo en su caso control previo de Estatutos y de la reforma constitucional, aunque esto último puede hacerse por ley). Por supuesto, hay importantes aspectos orgánicos dignos de revisión, no solo el más evidente del Senado, sino acaso otros vinculados al sistema electoral, y yo de paso introduciría la limitación de los mandatos presidenciales a dos, aunque estemos en un modelo parlamentario. Y cómo no, seguro habrá que abordar la reforma de nuestro modelo territorial de Estado. Aquí las alternativas van a ser antagónicas, y cada uno tendrá su opinión. Yo ya he escrito que la mía va en la línea de profundizar en la idea de establecer distintos niveles de descentralización y reconocer singularidades. De todos modos, me interesa destacar muy claramente los límites que creo debería tener cualquier reforma: el Estado social y democrático de Derecho, la soberanía del pueblo español, la monarquía parlamentaria, los principios unidad, autonomía, y solidaridad, la dignidad y los derechos como fundamento del orden constitucional. Así la Constitución de 1978 seguirá estando viva.


 (imagen tomada de http://iescavaleri.com/const/)