jueves, 19 de abril de 2018

España y el TEDH

España y el TEDH






            En los últimos años, y especialmente en los últimos meses, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha ocupado en España un protagonismo informativo antes inusual. Primero fueron casos como Del Río Prada contra España (que “derogó” la famosa “doctrina Parot”), más tarde algunas condenas recientes en materias como libertad de expresión o privacidad de los trabajadores, o sobre las llamadas “devoluciones en caliente” en la frontera, entre otras (sin olvidar el proceso para renovación del juez propuesto por España). Con la absoluta concisión requerida en este espacio, me gustaría apuntar algunas ideas. En primer lugar, conviene aclarar que el juez propuesto por un Estado no está para defender los intereses de ese Estado, sino para garantizar la aplicación del Convenio. En segundo lugar, desde luego, estas condenas no permiten calificar a España como un Estado sistemáticamente vulnerador de los derechos humanos, o alejado de los parámetros europeos. España, por suerte, sigue lejos de la cabeza en el ranquin de condenas del TEDH, y no tiene motivos para avergonzarse. Pero, en tercer lugar, también hay que rechazar una postura de indiferencia que se despreocupe del problema y sus causas.




            A mi juicio son varias las circunstancias que han coadyuvado a un cierto crecimiento de las condenas: a) el propio incremento, muy destacado, de los asuntos que llegan al TEDH, lo cual ha de afirmarse con carácter general y no solo respecto a España, y es un problema que los últimos protocolos al Convenio tratan de afrontar; b) desde la reforma de nuestra Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en 2007, los criterios de admisión son totalmente diferentes para nuestro amparo constitucional y para este “amparo europeo”, de manera que no es infrecuente que asuntos que el TC ni siquiera admitió, al considerarlos carentes de “especial trascendencia constitucional”, sean finalmente admitidos y estimados en Estrasburgo, provocando una condena que tal vez podría haber evitado nuestro supremo intérprete de la Constitución; c) en algunos derechos como los mencionados, la jurisprudencia española parece haberse quedado en una posición más restrictiva que la de Estrasburgo, con lo que la adaptación parece imprescindible (en otros casos sucede al revés, pero eso no es problema porque el estándar del TEDH es solo el mínimo). En fin, será bueno que todo esto sirva al menos para que la labor del TEDH sea más conocida y considerada, pues hace no demasiado tiempo muchos juristas ni se preocupaban por conocer su jurisprudencia.

jueves, 12 de abril de 2018

¿Existe Europa?

¿Existe Europa?


            Desde luego, esta pregunta no se debe entender como un cuestionamiento de la indudable realidad jurídica e institucional existente en la Unión Europea, sino como el planteamiento de si, efectivamente, la integración que era su objetivo central se ha logrado realmente, y los valores fundacionales se han llegado a hacer efectivos en un grado razonable. Yo he sido, soy y seré un europeísta convencido y, pensando en concreto en España, he afirmado que nuestra entrada en este proceso de integración es, junto a la Constitución de 1978, lo mejor que nos ha pasado en toda la Edad Contemporánea. Pero también he de reconocer que a veces este proceso parece extremadamente largo, lento, complejo y poco comprensible para los ciudadanos comunes, que pueden sentirlo como algo bastante alejado. Si al menos puede decirse que este proceso ha ido implicando dos pasos adelante y uno atrás, podemos pensar que algo avanzamos…

            Puede que un ejemplo de lo que digo sea el de la orden europea de detención y entrega. Conseguida tras muchas décadas (y con algún que otro matiz) la libre circulación de personas, resultaba imprescindible acompañarla de lo que podríamos llamar libre circulación de decisiones judiciales, y en particular de las órdenes judiciales de detención, pues de lo contrario a los (presuntos) delincuentes les sería tan fácil eludir (o al menos dilatar enormemente, o minimizar) las consecuencias de su delito como cambiar de país. Los procedimientos de extradición son complejos y sometidos a requisitos no estrictamente jurídicos, y la orden europea de detención pretendía superar esas dificultades con un procedimiento ágil y prácticamente automático, al menos para un bloque importante de delitos. Y en una medida no mucho menor, también para aquellos en los que se exige la llamada “doble incriminación”, una vez constatada que esta situación (la existencia de un delito equivalente) se produce.


Como ya sabíamos los juristas y ahora estamos comprobando todos los ciudadanos de una forma patente, en la práctica las cosas son más complejas. Los jueces de algunos países tienden aplicar siempre las soluciones aparentemente más garantistas (considerando que estas son las de su propio ordenamiento), pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha venido a señalar, en síntesis, que el habitual “estándar mínimo” que suelen suponer los textos internacionales en materia de derechos humanos debe sustituirse, en las relaciones entre los Estados de la Unión, por un “estándar común”; de manera que en estas situaciones ha de prevalecer la aplicación del derecho de la Unión, siempre que se respete ese baremo en materia de derechos. España, tras una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Constitucional en el caso Melloni (aunque no sea exactamente la misma situación que en el caso Puigdemont), ha aplicado ese criterio. Y es que entrar a cuestionar los motivos por los que una persona es perseguida, a valorar las garantías del país requirente, o tratar de juzgar si los hechos que se le imputan a una persona están perfectamente probados, o si pueden subsumirse estrictamente en el tipo delictivo del Estado que tiene que ejecutar la orden, es traicionar el principio de confianza mutua, verdadero pilar de todo el sistema. El Tribunal de Schleswig-Holstein hace mal pretendiendo entrar en el fondo del asunto (y resolver en días lo que nuestro Tribunal Supremo lleva instruyendo meses), pues solo debe comparar los tipos delictivos. Dicho claramente: puede que después de todo no haya delito de rebelión, pero eso deben valorarlo los tribunales españoles. De lo contrario, todo lo que nos “vendieron” como gran avance cuando se aprobó la regulación de la “euroorden” sería papel mojado. No es posible minusvalorar la trascendencia de este caso emblemático de cara a la salud de los pilares esenciales de la propia Unión, como ha destacado por ejemplo la Fundación Konrad Adenauer. Por el bien de estos principios, cabe esperar que la situación se reconduzca. De lo contrario, tal vez Europa, que con dificultad intenta recuperarse de golpes como el fracaso de la Constitución, la crisis de los refugiados o el Brexit, peligre más de lo que somos capaces de ver ahora.

(Fuente de la imagen: https://www.caracteristicas.co/union-europea/)

jueves, 5 de abril de 2018

Saber estar

Saber estar



           

Decía Ortega y Gasset que los valores están jerarquizados, y ponía como ejemplo de ello la evidencia de que el valor “bondad moral” es superior al valor “elegancia”. Yo creo que la mayor importancia que se dé a uno u otro valor no implica una superioridad jerárquica de unos sobre otros. Pero lo que ahora quiero destacar es que no hay que minusvalorar la importancia de la elegancia, que es la cualidad de elegante, y esta palabra, según la primera acepción del Diccionario de la RAE, significa “dotado de gracia, nobleza y sencillez”. En esta acepción, mucho más profunda que la tercera (persona “que tiene buen gusto y distinción para vestir”), creo que la cualidad de la elegancia tiene mucho de innato, aunque pueda tener algo de aprendido. Esas “gracia, nobleza y sencillez” se tienen (o no) desde el nacimiento o la más tierna infancia, y aunque en alguna medida se pueden buscar luego, son muy difíciles de alcanzar. En todo caso, cuando una persona posee elegancia (y también en su segunda acepción como “forma bella de expresar los pensamientos”) es difícil no admirarla y reconocer su atractivo. Los demás, en cambio, hemos de conformarnos con lo que podríamos denominar “saber estar”, algo que, cada uno en su papel y situación, sí puede irse aprendiendo, en mucha mayor medida, en la familia, en la escuela, en la profesión, en la sociedad. Y que también es muy meritorio, pues resulta mucho más difícil de lo que podría parecer.



            Aunque ese “saber estar” es en todos los casos muy recomendable, resulta especialmente conveniente en todas las personas que desempeñan un cargo público. Y si ese cargo es la primera magistratura del Estado, eso llega a ser exigible; y todavía más, probablemente, en una monarquía, situación en la que cabe extender esa exigencia a los miembros de la Familia Real, cuyo carácter ejemplar es casi uno de los elementos que puede justificar (o al menos explicar) su propia existencia. Por eso, es normal que se preparen desde la infancia para “saber estar” en todas y cada una de las situaciones, y desde luego en las situaciones públicas. Es claro que las monarquías se adaptan a los tiempos, y hoy es habitual en cualquier monarquía occidental (y nada criticable) que por vía de matrimonio se incorporen a las familias reales personas que no tuvieron esa preparación desde la infancia. Pero, tras un aprendizaje más o menos duro y complejo, ese “saber estar” (con independencia de la elegancia, que no siempre está al alcance de todos) es exigible, y ha de manifestarse no solo en los aspectos más importantes, sino también en los detalles. Y si alguna vez falta, se nota.

(Fuente de las imágenes: http://www.revistavanityfair.es/moda/tendencias/articulos/camisa-flores-liberty-hombre/25585 y http://www.elmundo.es/loc/casa-real/2018/04/03/5ac396ad46163f833d8b457d.html)