miércoles, 17 de julio de 2019

50 años en la Luna

50 años en la Luna



            Esta semana me temo que no voy a ser muy original: el medio siglo desde la primera llegada del ser humano a la Luna da para mucho, y ya corren ríos de tinta sobre el recuerdo de aquella hazaña, su significado, las perspectivas futuras… y, desde luego, sobre las teorías “negacionistas” que todavía existen, y que postulan que todo lo que vimos (o lo que vieron algunos, porque yo tenía un año y realmente no recuerdo nada) no fue más que un montaje. Cada una de esas teorías es más disparatada que la anterior, pero medio siglo después, algunos siguen apuntándose a ellas, a pesar de todas las pruebas y justificaciones en contra. Con todo, creo que ese escepticismo tiene sus motivos -aunque no justificados-: por un lado, lo espectacular e impresionante del reto; y, por otro, su falta de continuidad. Respecto a lo primero, es comprensible que al menos a cualquier profano le cueste comprender cómo la tecnología y la ciencia han podido lograr lo que parece casi imposible. Pero bueno, también a algunos les fascina el hecho de que hayamos logrado que aparatos de hierro que pesan toneladas vuelen por el aire… y no por eso niegan lo evidente. Y en cuanto a lo segundo… no deja de llamar la atención que, medio siglo después, no hay grandes avances en lo que entonces se llamó “la conquista del espacio”. Solo unas pocas naves tripuladas más volvieron a ubicar seres humanos en nuestro satélite, hasta que en 1972 ese objetivo pareció abandonarse, y con él otros como el viaje tripulado a Marte o a otros planetas. Pertenezco a una generación que se crió pensando que veríamos esos viajes en los próximos años, y que cambiarían nuestra historia… pero esa idea se ha ido diluyendo con el tiempo, aunque recientemente parece recuperarse.

            En todo caso, la magnitud de la hazaña está fuera de duda. Muchos la han comparado con el descubrimiento de América, y si situamos cada una en su época (cuando el ser humano llegó al Nuevo Continente ni siquiera era seguro que nuestro planeta fuese esférico), mucho hay de audaz y sorprendente en ambas. Pero también notorias diferencias, empezando por el mayor riesgo e incertidumbre de la empresa atlántica, y siguiendo obviamente porque en el continente descubierto vivían personas… En todo caso, 50 años después de aquel descubrimiento, en 1542, la historia de Europa (y, por supuesto, la de América) había cambiado para siempre, mientras que ahora, medio siglo después de la llegada a la Luna… seguimos “en la luna” en cuanto a la conquista espacial (en cambio, aquellos ordenadores que entonces parecían inalcanzables y extraños han “conquistado” nuestras vidas cotidianas). Por eso hoy, paradójicamente, la Luna representa más la nostalgia del pasado que un futuro tangible para la humanidad.  

(Fuente de la imagen: https://www.fayerwayer.com/2019/07/especial-apolo-11-teorias-hombre-la-luna/ )

jueves, 11 de julio de 2019

Federico

Federico



            Para España, y para el mundo, es Bahamontes, “el águila de Toledo”. En Toledo, siempre ha sido simplemente “Federico”. Si hay un ejemplo de leyenda viva, es él. Vivo, porque acaba de cumplir 91 años, pero le seguimos viendo, al menos hasta hace bien poco, en alguna entrevista o programa de televisión, y también, por supuesto, en las calles de Toledo. Leyenda, porque sobre una historia real se ha ido construyendo un auténtico relato épico. Su historia siempre comienza poniendo de relieve sus orígenes humildes, sus duros trabajos en la postguerra en Toledo como carretillero, su formación como ciclista a base de idas y venidas desde los pueblos de la provincia y por las calles de nuestra escarpada ciudad imperial… Su leyenda se agiganta con aquellos episodios del Tour de Francia, entre los que adquirió fama mundial el caso del helado de dos bolas que se comió en la cumbre mientras esperaba a los demás ciclistas a los que había aventajado dos minutos en la subida (en realidad, parece que una avería en la rueda hizo poco aconsejable bajar en solitario, pero… la versión que dio la vuelta al mundo imaginaba una especie de alarde de superioridad). Estos y otros episodios, así como su corona en el Tour (primera conseguida por un español, en una época en la que nuestros éxitos deportivos estaban en general bastante lejos de los actuales), o la reiteración con la que logró ser el “rey de la montaña” -es sin duda uno de los mejores escaladores de todos los tiempos-, configuran sin duda un perfil impresionante, objeto de la admiración propia de los campeones, pero también de las personas que evidentemente han cimentado su éxito en un sacrificio más allá de lo común. 

            Con todo, Federico siempre ha sido una persona sencilla, un toledano más, que vive con total normalidad. Acabada su carrera como deportista profesional, siguió décadas ligado al ciclismo gracias a su tienda en la plaza de la Magdalena, y sobre todo como organizador de la vuelta a Toledo. Nunca ha renunciado a algunas apariciones públicas, pero no ha buscado especialmente el foco. Ha opinado con libertad sobre lo que le ha apetecido, y no ha vuelto a ser protagonista, más que en puntuales momentos, y de difusión reducida. La ciudad de Toledo, entre otros homenajes, en el año 2018 (¡más vale tarde que nunca!) le ha dedicado esa bella escultura ubicada junto al Miradero, obra del valenciano Javier Molina Gil, y que a mí me ayuda a imaginarme no tanto al ganador del Tour, sino sobre todo al joven que empezó a utilizar la bicicleta para llevar y traer cosas o hacer encargos por las empinadas cuestas de nuestra ciudad, como forma de ganarse la vida. Muchas felicidades, campeón. 

(Fuente de la imagen: https://as.com/ciclismo/2018/07/08/tour_francia/1531084551_779478.html )

sábado, 6 de julio de 2019

El centro

El centro



            Hay quien dice que, en términos políticos, el centro no existe, porque no resulta coherente con ninguno de los grandes valores o parámetros por los que puede regirse una comunidad. Yo, en cambio, que me siento inclinado a la moderación, creo que, en un mundo en el que puede haber varios valores positivos que tienden a entrar en conflicto (por ejemplo, libertad e igualdad), la coherencia inquebrantable con uno solo de los valores no es necesariamente, ni mucho menos, la mejor posición, ya que maximizar uno significa minorar, o incluso ignorar por completo, el otro.  Por lo demás, en este país, los partidos que han gobernado con muy amplias mayorías lo han hecho cuando se han situado en una posición más o menos centrada (o han logrado transmitir que así lo hacían). Luego, de repente, la tendencia a la atomización partidista hizo que el centro pareciera quedarse huérfano por el auge de posicionamientos políticos extremos, y la tendencia de los partidos antes moderados a parecerse a sus próximos más extremos que les “quitaban” votos. Y ahora… algunos tratan de ubicarse en un centro relativo (entre el 1 y el 5, el 2 no es el centro, pero sí si logramos transmitir que el 4 y el 5 quedan fuera de los posicionamientos admisibles…). Pero, ¿qué es realmente el centro?

            El centro puede ser la búsqueda de un razonable posicionamiento intermedio o equilibrado entre libertad e igualdad, entre lo público y lo privado, entre individuo y sociedad, entre protección de la propiedad y deber de solidaridad, en suma, entre liberalismo y socialdemocracia… pero NO consiste en ser un día socialdemócrata y al día siguiente liberal. El centro implica la admisión de que no hay verdades ni dogmas absolutos, la capacidad para reconocer que no siempre se tiene la razón, y por tanto incluso un cierto relativismo en política; el centro supone también, sin duda, un cierto pragmatismo, inherente a la política y positivo en la medida en que se considera que esta está al servicio de la comunidad, pero desde luego NO un indiferentismo axiológico en el que todo puede valer, según sean las circunstancias. El centro, como consecuencia de lo anterior, implica un talante dialogante y la capacidad para sentarse a hablar con unos y con otros y, en su caso, llegar a acuerdos sobre planteamientos moderados, pero NO negociar a la vez con unos y otros, sin indicar cuál es el criterio que se busca para formar gobierno, a la espera de ver dónde se puede “pillar cacho” más fácilmente, ya sea repartiendo alcaldías por años o vendiéndose a quien haga alcalde al candidato con menor apoyo. El centro, en fin, no debería ser excluyente, ni sostenerse sobre vetos previos, pero NO puede ser el territorio del “todo vale”.  

(Fuente de la imagen: https://www.ecured.cu/Centro_pol%C3%ADtico )

jueves, 27 de junio de 2019

Juristas españoles exiliados en México

Juristas españoles exiliados en México




            Hace algunas semanas dediqué mi “miradero” a la conmemoración de los 80 años del exilio que se inició al final de nuestra última guerra civil. Aquel texto terminaba con una alusión específica a los juristas… y este comienza donde aquel terminaba. Porque el próximo 2 de julio la Universidad de Castilla-La Mancha va a dedicar a los juristas que tuvieron que exiliarse en México una jornada monográfica, que me honra codigirir junto a Luis Arroyo Zapatero, que es quien realmente sabe más del tema. La dedicamos a México porque probablemente este fue el más importante país de acogida de los juristas españoles (y en general de exiliados y emigrantes), pero desde luego nos gustaría dar continuidad a la idea incluyendo también otros países iberoamericanos, cuyo papel fue también relevante. Para ello contamos con cerca de 30 especialistas, tan expertos como Fernando Serrano Migallón y Sergio García Ramírez -como simple muestra- que nos hablarán (y escribirán, porque será objeto de publicación) del contexto general, de las embajadas y la diplomacia, del específico y trascendental papel que desempeñó la UNAM y su Instituto de Investigaciones Jurídicas… y que nos ofrecerán la semblanza de algunos concretos juristas españoles, como Felipe Sánchez Román, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Rafael Altamira, Luis Recasens Siches o Victoria Kent, entre otros. 
 
            ¿Por qué creemos que esto es importante y útil?  No se trata, ni mucho menos, de recordar meramente (y menos, de recuperar) pasados enfrentamientos, dolores y penas de nuestra patria. Pero sí de conocer y transmitir el importante papel que, en esas penosas circunstancias, desempeñaron algunas personas, instituciones y, desde luego, países amigos. Recordar a los juristas exiliados en México es, por tanto, primero de todo, un deber de gratitud hacia la gran patria de acogida que fue México para tantos españoles. Nuestro país hermano abrió sus brazos para recibir a los juristas exiliados (como antes y después lo hizo siempre con tantos y tantos emigrantes españoles). Y les dio la oportunidad de iniciar una nueva vida haciendo lo que sabían, y sobre todo transmitiendo sus conocimientos. Pero recordar a nuestros compatriotas juristas es también reconocer el valor de su magisterio y de sus aportaciones para la vida académica y cultural del país que les recibió. De este modo, contribuyeron a una particular simbiosis cultural, de la que, en términos académicos, derivó una mutua experiencia beneficiosa. Por eso, creo que el homenaje a los juristas exiliados es, también, un acto de patriotismo, un reconocimiento a españoles que aportaron mucho a la Ciencia Jurídica en dos continentes. 

jueves, 13 de junio de 2019

A vueltas con el lenguaje no sexista

A vueltas con el lenguaje no sexista (doble)


           

 He escrito varias veces sobre la cuestión del llamado “lenguaje no sexista”, y como no quiero repetirme, puedo sintetizar mi opinión en breves ideas: 1) desde el punto de vista lingüístico,  el idioma español no es sexista; por tanto, cuando hablamos de sexismo nos referimos al sexismo del hablante (o del escritor), pero no del idioma; 2) los imperativos legales que imponen a los poderes públicos la utilización del lenguaje no sexista no son incompatibles, si se interpretan correctamente, con los parámetros que la Real Academia Española establece para el correcto uso del idioma; y, por tanto, no deberíamos interpretar unos y otros imperativos en sentido contradictorio; 3) como consecuencia de lo anterior, utilizar un lenguaje no sexista (o todavía mejor, no ser sexista en el uso del lenguaje) no puede implicar la necesidad de buscar formas femeninas a todos los sustantivos epicenos, ni la de desdoblar sistemáticamente en la expresión todos y cada uno de los sustantivos o adjetivos que tienen formas distintas según el género. Esto del desdoblamiento, por lo demás, es tan impracticable de forma generalizada, que creo que hoy comienza a abandonarse esa tendencia de desdoblamiento universal, tanto en el lenguaje hablado como en el escrito. Por ello se van buscando otras alternativas. Me referiré ahora a dos de ellas, tampoco exentas de dificultades, como sería lo que llamaríamos el “desdoblamiento selectivo”, y la búsqueda de términos genéricos, cuyo género inequívocamente no les “marca” en términos de sexo. 

            En cuanto a lo primero, es incluso tradicional empezar una alocución diciendo “damas y caballeros” aunque luego se utilice el masculino genérico con sentido inclusivo en el resto del discurso. Más preocupante es cuando el criterio de selección tiene claramente un sesgo político. A algunos líderes políticos les escuchamos siempre decir “trabajadores y trabajadoras”, pero en cambio referirse exclusivamente a los “poderosos”. Incluso normas como el Real Decreto-Ley 6/2019 dicen alguna vez “trabajadoras y trabajadores”, pero jamás utilizan el término “empresaria”, aunque sí “empresario”. Supongo que subyace aquí la idea de empatizar con los colectivos históricamente preteridos o en mayor situación de necesidad, pero no veo en qué beneficia a la mujer la omisión o desaparición selectiva de la forma femenina solamente en aquellos términos que se refieren supuestamente a posiciones de mayor dominio, como “poderoso” o “empresario”. Incluso, en términos lógicos y en un contexto de desdoblamiento, alguien entendería que quedan fuera del término las mujeres poderosas… 

Como antes mencionaba, una segunda técnica para intentar utilizar un “lenguaje no sexista” sin recurrir al siempre tedioso e impracticable desdoblamiento universal de géneros, consiste en utilizar términos que se consideren genéricos o inequívocamente inclusivos. A veces, mientras que una palabra de género masculino puede designar conjuntamente a seres de sexo masculino y femenino (pero también podría referirse solamente a seres de sexo masculino), puede existir otro término, con independencia de su género, que incluye inequívocamente a ambos. Por ello, y aunque esa solución no sea gramaticalmente obligada, en ocasiones su uso es perfectamente posible, e incluso puede resultar preferible para solventar fácilmente ciertas ambigüedades. Pongamos un ejemplo sencillo: si bien “los hombres” puede referirse lingüísticamente a un colectivo integrado por seres masculinos y femeninos, también podría designar un colectivo formado solo por varones. Por ello, la utilización de términos como “las personas” o “los seres humanos” resulta inequívocamente inclusiva, y aunque, a diferencia de lo que sucede con los desdoblamientos, no “visibiliza” expresamente a las mujeres, sería una solución perfecta para cumplir a la vez con las exigencias de la corrección lingüística y del lenguaje no sexista. 

Pero no todo recurso funciona siempre. A pesar del entusiasmo con que el lenguaje administrativo y legal parece haberse entregado últimamente a este tipo de soluciones, el intento de emplearlas de forma universal puede plantear problemas desde el punto de vista de la precisión de los términos, y a veces, al igual que el desdoblamiento, desde la perspectiva de la economía del lenguaje, su practicidad y una mínima exigencia de elegancia, conduciéndonos de nuevo al tedio y la artificialidad. Por ejemplo, no siempre “el alumnado” significa lo mismo que la suma de todos los alumnos (incluyendo obviamente a las alumnas), ni “la ciudadanía” es lo mismo que la totalidad de los ciudadanos; del mismo modo que, por supuesto, la humanidad no significa la suma de todas las personas, hombres y mujeres, ya que se trata de un concepto mucho más amplio. El citado Real Decreto 6/2019 usa y abusa de la expresión “personas trabajadoras”, pero a veces incurre en incoherencias como “Las personas trabajadoras a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los trabajadoresa tiempo completo”. Si nos ponemos puristas, puede que las trabajadoras a tiempo completo no tengan esos mismos derechos… En suma: toda técnica “inclusiva” puede tener sentido en alguna ocasión, pero lo que no tiene sentido es imponer una única solución de forma machacona y reiterativa, en detrimento de la economía del lenguaje, de su riqueza y de su elegancia, y, peor todavía, distanciando el lenguaje oficial del lenguaje más habitual y correcto.

 (Fuente de la imagen: http://www.laiaeskola.eus/es/ekitaldia/taller-de-lenguaje-no-sexista/ )

jueves, 6 de junio de 2019

Paz y derechos de la naturaleza

Paz y derechos de la naturaleza



            No me gusta utilizar este espacio para informar de proyectos o trabajos de los que formo parte, pues lo último que quisiera es que esta columna se pudiera tomar como un intento de autopromoción o autoelogio. Pero creo que el conocimiento por parte de la sociedad de algunas de las investigaciones o proyectos docentes que se llevan a cabo en la Universidad siempre es positivo, pues, por un lado, estoy convencido de que no hay nada peor que un mundo académico introspectivo y alejado de las inquietudes sociales del momento; y, por otro, está bien que los ciudadanos puedan conocer proyectos universitarios de cierto interés, aunque sea en los términos generales en los que cabe explicarlos en un foro de este tipo. Así que, teniendo en cuenta que escribo estas líneas el Día Mundial del Medio Ambiente, hoy es un día tan bueno como cualquier otro para hablar de uno de esos proyectos que me parecen especialmente interesantes, y que aborda cuestiones que a todos nos interesan, aunque probablemente desde una perspectiva que resulta desconocida para la mayoría. Se trata del proyecto para la formación de operadores transnacionales e interculturales en paz y derechos de la naturaleza (acrónimo OPTIN). Un proyecto Erasmus + capacity building, financiado por la Unión Europea y compuesto por un grupo de ocho universidades europeas e hispanoamericanas, coordinadas por la Universidad de Bolonia, y del cual forma parte un grupo de profesores de la UCLM que me honra dirigir. 

            El objetivo central del proyecto es la creación de una Maestría interuniversitaria que abordará esos temas (paz y derechos de la naturaleza), de especial trascendencia en Colombia y Ecuador, que son los países a los que pertenecen las universidades americanas que ofrecerán la maestría. No hace falta enfatizar la trascendencia de la cuestión de la paz en un país como Colombia, que vive todavía las consecuencias de décadas de violencia y de un proceso de paz siempre complejo y delicado, que demanda operadores cualificados. Quizá mayor explicación requiera la idea de los “derechos de la naturaleza”, algo que proclama expresamente un texto jurídico-constitucional como la Constitución ecuatoriana de 2008. Aunque cualquiera puede pensar que se trata de una idea vinculada a la protección medioambiental, en este caso no se trata del mismo concepto o perspectiva que desde hace décadas se conoce en el constitucionalismo europeo, sino que la idea de “derechos de la naturaleza” trata de unir el concepto de derechos humanos, indudablemente formado en el constitucionalismo occidental, con la idea indigenista de la naturaleza o Pacha Mama como ente con su propia identidad, que no nos pertenece, sino, al contrario, al que nosotros pertenecemos. Desde luego, esta combinación implica una revisión de parte de los fundamentos de conceptos jurídicos básicos, para extraer con rigor las posibles consecuencias. Y en eso estamos, intentando aportar nuestro granito de arena, y puedo decir que un proyecto como este nos obliga a cambiar muchos parámetros y perspectivas que creíamos consolidados, y así nos ayuda a evolucionar como investigadores y como personas… 

jueves, 30 de mayo de 2019

¿Reformar la ley electoral de Castilla-La Mancha?

¿Reformar nuestra ley electoral?




            Después de cada proceso electoral, se prodigan los comentarios, tanto políticos como académicos, sobre los efectos del sistema electoral. Hace muy pocas semanas he escrito sobre este tema con carácter general, pero es verdad que en Castilla-La Mancha el sistema tiene algunas peculiaridades que justifican un comentario específico. Desde hace años me he dedicado al tema, pero los resultados actuales enfatizan alguna de esas peculiaridades, en particular por el hecho de que partidos en torno a un 7% de los votos, como Vox y Podemos, hayan quedado fuera de la asamblea autonómica, lo que no suele suceder en otras Comunidades Autónomas ni en el Congreso. Como no me gusta ser reiterativo y muy último deseo es cansar o aburrir a mis lectores, me limitaré a recapitular telegráficamente algunas ideas, y luego a hacer una reflexión de futuro. Voy a ello. 

 
1. No es por presumir, pero lo escribí incluso antes de que lo dijera el Tribunal Constitucional: nuestra ley electoral es conforme a la Constitución, ya que no atenta al concepto de proporcionalidad perfilado por el propio Tribunal, y por tanto cualquier resultado es plenamente legítimo. 2. La ley de Castilla-La Mancha provoca algunos efectos comunes a todos los sistemas basados en la regla d´Hondt con reparto en circunscripciones no muy amplias, y otros efectos adicionales. 3. Entre los primeros, está la tendencia a la sobrerrepresentación de los partidos más votados, y más cuanta más distancia en votos tienen con los siguientes. Por ejemplo, en este caso, con el 44% de los votos, el partido ganador ha obtenido mayoría absoluta muy holgada, en realidad más del 57% de los escaños en liza (premio que equivale casi al porcentaje de votos que han ido a las dos opciones más importantes sin representación parlamentaria). Esto es, en cierto modo, “normal”, aunque no lo será si lo que se busca como objetivo prioritario es un sistema estrictamente proporcional, ya que existen diversos sistemas conocidos que pueden resolver perfectamente esa sobrerrepresentación. 4. Entre los segundos, específicos de nuestra ley, está lo que podríamos denominar un cierto efecto de “barrera implícita” superior a la legal del 3%. No se puede fijar con precisión cuál es esa barrera implícita, además más alta en unas provincias que en otras, pero en general -y los resultados de 2015 y 2019 lo confirman- un partido que no concentre gran parte de sus votos en una o pocas circunscripciones, tendrá casi imposible el acceso a un solo escaño si no se sitúa algo por encima del 9% de los votos totales. 5. En fin, la reflexión final hacia el futuro: como los partidos que han obtenido escaño no son los perjudicados, siempre está el riesgo de que olviden de nuevo la reforma electoral. Y como pasamos a una mayoría absoluta, también está el riesgo de que se produzca una reforma electoral, pero sin consenso y sin mejorar lo que es mejorable. Para imponer algo o para empeorar, mejor dejarlo como está. Pero se abre una nueva oportunidad para hacer una buena reforma con el acuerdo de todos, y sería bueno aprovecharla.  

(Fuente de las imágenes: https://www.lavanguardia.com/elecciones/autonomicas-castilla-la-mancha-2019 y archivo propio).

jueves, 23 de mayo de 2019

Lo juro por Snoopy

Lo juro por Snoopy



Uno de mis primeros trabajos jurídicos, escrito hace ya más tiempo del que me gustaría reconocer (y, desde luego, en el siglo pasado) versaba sobre la exigencia de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, y llevaba a cabo un análisis de la entonces relativamente reciente jurisprudencia constitucional sobre el requisito. Esa jurisprudencia, que básicamente sigue hoy vigente, se sintetiza en dos ideas: 1) esa exigencia no es inconstitucional, pues no añade nada a una obligación que deriva directamente de la Constitución, y que es simplemente acatarla, lo que es perfectamente compatible con estar en desacuerdo con alguno de sus aspectos; 2) la libertad ideológica permite acompañar a la fórmula del juramento o promesa algún tipo de comentario explicativo, siempre que no condicione el sentido del acatamiento, y tal sería el caso de la coletilla “por imperativo legal”, fórmula que a pesar de su sentido político, no supone un condicionamiento, y por tanto es válida. Yo creo que la obligación de expresar formalmente un acatamiento es quizá algo adicional al propio deber de acatar, pero de momento, esta jurisprudencia es lo que tenemos. 

Visto lo visto en los últimos tiempos, y sobre todo en la última sesión constitutiva en el Congreso y en el Senado (y no quiero ni imaginarme lo que nos puede quedar por ver tras las elecciones locales y autonómicas) me gustaría añadir alguna reflexión. En primer lugar, el Tribunal Constitucional no dijo que sirviera cualquier fórmula, sino solamente aquellos añadidos no condicionantes. No estoy para nada seguro de que todas las fórmulas que hemos escuchado esta semana cumplan ese requisito. Por ejemplo, jurar o prometer  “por el mandato del 1 de octubre” implica colocar por encima de la Constitución un acto manifiestamente inconstitucional, y además así declarado por el propio Tribunal Constitucional, y utilizarlo como coartada para incumplir la propia norma fundamental cuando se quiera (y creo que para llegar a esta conclusión no hace falta ningún tipo de intención torticera o retorcimiento interpretativo). En segundo lugar, aun siendo de alabar la intención garantista que llevó al Tribunal Constitucional a establecer ese criterio jurisprudencial, me parece que el espectáculo circense y ridículo en que se ha convertido la manifestación del acatamiento (ya solo falta que alguien “jure por Snoopy”) debería evitarse en el futuro, porque si algún sentido tiene el juramento o promesa es el de constituir un acto formal y solemne, que iguala a las muy diferentes opciones políticas en un único punto: todas tienen que (no es opcional) aceptar la Constitución como marco, como punto de partida, incluso como procedimiento único para el cambio, si lo que se defiende es un cambio. Lo que ahora tenemos es un acto carente de toda formalidad, un conjunto de chascarrillos, explicaciones más o menos ingeniosas, o condicionamientos abiertos que relativizan el propio sentido del acatamiento. Así que solo veo dos opciones para evitar este lamentable espectáculo contrario al sentido último que se busca con esta obligación: o suprimir por completo el requisito de la expresión formal (que no es una exigencia que imponga la Constitución), o, para cumplir con la jurisprudencia constitucional sin perder la formalidad del acto, imponer una única fórmula en la expresión oral (con la obvia alternativa entre jurar y prometer), permitiendo que por escrito se expresen las explicaciones o fundamentos que se deseen, siempre, desde luego, que en ellos no exista ningún tipo de condicionamiento al sentido del acatamiento; lo que, en caso de conflicto, deberán decidir en primer lugar los órganos rectores de la cámara, y en último término el propio Tribunal Constitucional. 


(Fuente de la imagen: https://www.elperiodico.com/es/politica/20190521/juramento-politicos-presos-electos-7465735)

jueves, 16 de mayo de 2019

Ecologistas de tuit y mitin

Ecologistas de tuit y mitin



            A lo largo de mi vida, he podido ir comprobando cómo las diferencias que hace décadas nos separaban, en demasiados aspectos, de los países más avanzados de Europa, se han ido mitigando hasta desparecer en gran cantidad de ámbitos. Lamentablemente, creo que queda alguna que se resiste. Me refiero en concreto a los aspectos medioambientales, y en particular a la menor conciencia medioambiental que veo (siempre generalizando, con lo que ello pueda tener de injusto) en España, si nos comparamos con los países nórdicos y otros mucho más avanzados en esta materia. Nuestra Constitución protege el derecho de todos “a disfrutar del medio ambiente”, pero también el deber de conservarlo. Y nuestras leyes desarrollan razonablemente este mandato, pero… otra cosa es la conciencia medioambiental, en el sentido de la asunción profunda de ese deber, y de lo que cada uno ha de hacer para contribuir a esa preservación. Como exigir se nos da muy bien, y además las modas se extienden rápido, tenemos muchos “ecologistas de tuit”, y también de “pancarta y manifa”, siempre dispuestos a reclamar con contundencia a gobiernos y grandes empresas medidas que impidan o reviertan el cambio climático, la deforestación o la extinción de especies de seres vicios. Y eso está bien, pero no estoy seguro de que todas esas personas lleven a cabo en su vida pautas sencillas para contribuir a esa protección medioambiental. De lo contrario, nuestras calles y nuestros espacios naturales estarían mucho más limpios. Algunas de esas pautas requieren un mínimo conocimiento -por ejemplo, las relativas al reciclaje o al ahorro de papel-, pero otras son de una obviedad tan palmaria, que parece increíble que se incumplan de forma tan generalizada. Basta ver, por poner un ejemplo toledano, cómo queda el Valle, cada año, después de nuestra romería más importante. O sentir la vergüenza ajena de ver residuos plásticos de todo tipo en paisajes especialmente protegidos, e incluso en parques nacionales. Pero igualmente dañino es verlo en la calle o en el parque. El medio ambiente empieza en tu casa y en tu ciudad, pero muchos parecen ignorarlo. 



     Lamentablemente, no parece que nuestros partidos políticos o sus líderes sean mucho más coherentes. Les encanta hacer proclamas ecologistas, pero su actuación sigue dejando de lado prácticas elementales. Ahora que estamos en campaña, lo comprobamos especialmente. En plena era digital, nuestras calles se inundan de carteles físicos. Y mucho peor, nuestros buzones se saturan de ingentes cantidades de papel con cartas, sobres y papeletas, de los cuales, en el mejor de los casos, emplearemos uno, que podemos obtener fácilmente en la propia mesa electoral. El colmo son esos libros lujosamente encuadernados, que antes los gobiernos, y ahora al menos los partidos que han gobernado (pero que también se financian con el dinero de todos), editan y distribuyen para hacernos llegar los numerosos logros que han conseguido. Pues no es uno de ellos el predicar con el ejemplo prácticas respetuosas con el medio ambiente, considerando que gran parte de esos ejemplares que tanto papel y tinta han gastado, acabarán en la basura. Al menos, no olvidemos reciclarlos adecuadamente. Nuestros políticos son ecologistas de tuit… y de mitin, pero pocas veces de prácticas coherentes con lo que predican. 


(Fuente de las imágenes: https://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/plan-libera-limpiara-basura-espacios-naturales_1298779.html y https://elmira.es/09/03/2019/pasos-a-seguir-para-dejar-de-recibir-propaganda-electoral-al-buzon/)

martes, 7 de mayo de 2019

El líder de la oposición

El líder de la oposición





            Jurídicamente, no hay en España nada parecido a un estatus de “líder de la oposición” o “jefe de la oposición”. Es verdad que el término se ha venido utilizando habitualmente desde nuestras primeras legislaturas constitucionales, pero ni la Constitución ni el Reglamento del Congreso perfilan ningún tipo de prerrogativa o facultad específica. Incluso cabe apuntar que el concepto de oposición puede admitir matices, pues si bien es cierto que el partido o partidos que conforman el Gobierno quedarían por definición fuera de este concepto, más dudoso sería si aquellos partidos que apoyaron la investidura del presidente pero no entran en el Gobierno son o no realmente oposición (lo cual puede depender de si hay o no un pacto de legislatura). En cualquier caso, la reglamentación y la costumbre conducen a un cierto orden en los debates importantes, que da prioridad  a los portavoces de la oposición, de mayor a menor representación, y finalmente el partido del Gobierno. Fuera de esto, lo de quién sea “oficialmente” el líder de la oposición no tiene mucha trascendencia jurídica, más allá del ámbito protocolario (el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, menciona al “Jefe de la Oposición” en el puesto 15 en los actos oficiales en la villa de Madrid, y en el puesto 16 en otros). Fraga Iribarne, quizá influido por el constitucionalismo británico, consiguió en su día un cierto reconocimiento formal como líder de la oposición a través de un acuerdo de la Mesa del Congreso, pero tampoco implicaba ninguna prerrogativa sustantiva.

            Llamaría la atención, por tanto, tanto debate para saber a quién debemos reconocer en la legislatura que va a nacer como “líder de la oposición”, mucho más cuando, en un sistema de cuasi atomización parlamentaria, tiende a diluirse incluso el mayor peso del principal grupo de la oposición sobre los demás. Pero quizá por eso, y por el innegable carácter simbólico que podría tener ese reconocimiento, la cuestión parece ser polémica por primera vez en cuatro décadas. Dicho lo anterior, y vista la casi nula significación jurídica de esta figura, lo único que es indudable es que, si alguien ha de ostentar este reconocimiento, ha de serlo, inequívocamente, el líder del grupo (excluido el o los que forman Gobierno) que tiene más escaños en el Congreso (y por cierto, también más votos, y también más escaños en el Senado). Lo que alguien ha crecido o descendido es absolutamente irrelevante a estos efectos, como no puede ser de otro modo. Quizá alguien se ha “venido arriba” o anda un tanto sobrerrevolucionado, pero sea lo que sea ser líder de la oposición, en este momento ese puesto le corresponde a Pablo Casado.  

(Fuente de las imágenes: https://www.las2orillas.co/verdadero-partido-oposicion/ y https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADder_de_la_oposición_(España))

jueves, 2 de mayo de 2019

Otra vez el sistema electoral

Otra vez el sistema electoral





            Cada uno cuenta la feria como le ha ido en ella, y después de cada proceso electoral, entre quienes no han ganado encontramos siempre dos tipos de actitudes: o tratar de minimizar el significado de la derrota, destacando lo positivo, el crecimiento de escaños o “el vaso medio lleno”, o tratar de explicar esa derrota, o su magnitud, por causas externas, entre las que el sistema electoral ocupa casi siempre el protagonismo. Es muy curioso como muchos que en su día lo criticaron, ahora han cambiado su objetivo, y así, quienes no hace tanto hicieron del lema “no nos representan” una especie de mantra que centraba todos los problemas en nuestro sistema electoral (y hace todavía menos llamaban a movilizarse frente a la actuación de un Parlamento recién elegido), ahora no ven problema alguno en él, sino que más bien centran sus críticas en el hecho de que los representantes -ahora sí, al parecer democráticamente elegidos- mandan menos que otros “poderosos”, en especial los banqueros y las empresas energéticas, que son hoy la causa de todas las injusticias y déficits de nuestro sistema. Pero, a cambio de eso, hoy son otros los que se quejan de los problemas de nuestro sistema electoral, señalando especialmente dos efectos que produce: penaliza la dispersión del voto entre diversos partidos que más o menos pueden compartir una amplia franja ideológica; y penaliza también a los partidos minoritarios que reparten sus votos de forma más o menos homogénea en todo el territorio nacional, “perdiendo” de algún modo una parte significativa de los sufragios.

            Ya he escrito sobre este tema en varias ocasiones en este mismo espacio (por lo demás, poco adecuado para reflexiones profundas), y no me gusta repetirme, pero sé que parte de mis lectores esperan mi comentario objetivo sobre esta cuestión. Lo haré sintéticamente, diciendo solo tres ideas: 1) la queja tiene fundamento, pues es cierto que nuestro sistema (no tanto la regla D´Hondt, sino sobre todo su combinación con el tipo de circunscripciones que tenemos en el Congreso) produce esos efectos, que en este caso han hecho que cada escaño haya “costado” muchos más votos a Vox o Podemos (pero también a Compromís) que al PSOE (pero también le ha salido “barato” a Navarra Suma, al Partido Regionalista de Cantabria, Bildu o el PNV). 2) Es verdad que esto se sabe desde siempre, y no se cambia nunca, y ello obedece a que los que más votos obtienen en toda España, siempre salen beneficiados, y la mayoría de los nacionalistas también, con lo cual los que podrían impulsar el cambio pierden interés en hacerlo. También son perfectamente conocidas diversas alternativas que darían resultados mucho más proporcionales, desde la circunscripción única (o al menos una circunscripción autonómica) hasta sistemas con doble lista. En todo caso, el otro efecto -la penalización de la dispersión del voto- también se puede evitar, o al menos mitigar, si las fuerzas más afectadas se hubieran presentado en coalición preelectoral, y esto era perfectamente conocido. Normalmente, cuando esta unión no se produce, tienden a hacerla los electores con el tiempo, como parece que está empezando a pasar en el arco de la izquierda. 3) Las legítimas críticas al sistema, nunca pueden desembocar en un intento de deslegitimarlo. Primero, el sistema refleja las reglas que todos nos hemos dado. Segundo, es perfectamente equiparable a muchos otros de nuestro entorno. Tercero, a la larga ha demostrado su eficacia, pues sin cambio ninguno, ha permitido desde el bipartidismo imperfecto hasta la atomización actual, y desde luego la alternancia razonable. Después de todo, no será tan malo…

(Fuente de las imágenes: https://www.europapress.es/nacional/noticia-resultados-elecciones-generales-2019-oficiales-20190428200117.html

 http://www.rtve.es/noticias/20190429/cuantos-votos-costado-escano-cada-partido/1929603.shtml

https://www.abc.es/elecciones/elecciones-generales/abci-derecha-habria-logrado-mayoria-absoluta-si-hubiera-estado-unida-201904291102_noticia.html ) 

miércoles, 24 de abril de 2019

Metadebates

Metadebates



            Si bien en todas las campañas electorales la cuestión de los debates entre los candidatos ocupa una importancia destacada, quizá en esta la cosa ha llegado al extremo de que casi han tenido más protagonismo lo que podríamos denominar “debates sobre los debates”, que los debates finalmente celebrados. Hemos visto cómo ha habido polémica sobre la propia necesidad de celebrar debates, y sobre quiénes deberían participar en ellos. Al final, una extraña combinación de factores, empezando por la ley electoral y la interpretación llevada a cabo por la Junta Electoral Central, y siguiendo por la actitud de inicial del candidato que actualmente preside el Gobierno, empeñado en principio en celebrar solo un “debate a cinco”, y la posición de televisiones públicas y privadas, han dado un resultado que, comprensiblemente, resulta sorprendente y llamativo: dos debates entre los cabezas de lista, ambos integrados por los mismos cuatro candidatos, y celebrados en días consecutivos. Y, sin embargo, ningún “cara a cara”, ni tampoco debates más amplios entre “primeras espadas” -si se me permite la expresión-, que hubieran incluido a otras fuerzas con representación parlamentaria, e incluso a aquella a la que todas las encuestas pronostican una muy destacada representación en el Congreso a nivel nacional, como es el caso de Vox. 

            Vaya por delante que la Junta Electoral, que ha hecho desde hace décadas una labor muy positiva en el desarrollo, interpretación y aplicación de la normativa electoral, se ha limitado una vez más a interpretar la ley y aplicar sus propios precedentes (cabe recordar que en anteriores elecciones generales Ciudadanos y Podemos sí participaron en estos debates porque, aunque no tenían previa representación en el Congreso, sí la habían obtenido en elecciones anteriores del mismo ámbito territorial, como son las europeas). Además, el criterio de la Junta no implicaba rotundamente la exclusión de Vox, sino la imposibilidad de que participase si quedaban excluidas otras fuerzas que sí tienen representación parlamentaria (que fueron las que recurrieron a la Junta). Con todo, creo que el resultado resulta demasiado cerrado y un tanto contraproducente, cuando todo el mundo puede entender como manifiesta la irrupción de una quinta fuerza de ámbito nacional, aunque hasta ahora solo contrastada en resultados electorales autonómicos. Una interpretación más flexible podría haber adaptado el criterio a la situación actual, que carece de precedentes que reproduzcan todos los parámetros. Creo que, sin magnificar la trascendencia de los debates electorales, son un elemento cada vez más importante para la información del electorado, y requerirían, como otros aspectos de la LOREG (pienso por ejemplo en la nunca muy bien justificada prohibición de publicar encuestas en los últimos cinco días de campaña) una regulación más actualizada, que asegure la celebración de debates en distintos formatos: como mínimo un “cara a cara” (aunque nuestro modelo es parlamentario y nuestro sistema cada vez más multipartidista, no hay que olvidar que, indirectamente, estamos eligiendo Gobierno, y todos los votantes piensan en ello de algún modo al depositar su voto); otro con todas las fuerzas representativas a nivel nacional, y otros que incluyan a la totalidad de las fuerzas con representación parlamentaria. El resultado de dos debates idénticos, en los que los excluidos (Vox y los nacionalistas catalanes y vascos) han resultado ser principales protagonistas, y además serán probablemente la llave de las posibles combinaciones de Gobierno tras las elecciones, es cuando menos absurdo. Y en fin, yo no sé si esta exclusión perjudica o beneficia a dichos partidos, pero creo que imponer la proporcionalidad en contra del pluralismo no es la mejor solución. Y creo, sobre todo, que la mejor manera de evitar los extremismos, las posiciones radicales, y aquellas que apelan más a sentimientos e instintos que a la razón, no es excluirlas de los debates públicos, sino más bien someter en esos foros sus ideas y propuestas a un mínimo contraste y crítica. A pesar de importantes reformas como la de 2011, la LOREG necesita a mi juicio una nueva adaptación al tipo y formato de campaña que hoy realmente es importante. 

(Fuente de la imagen: https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2019/04/23/5cbf5c3fca4741da598b457e.html )

miércoles, 17 de abril de 2019

Religión y política

Religión y política



            La inusual coincidencia de la Semana Santa con la campaña electoral (en su sentido más estricto) de las elecciones generales me ofrece un pretexto, tan válido como cualquier otro, para reflexionar brevemente sobre las relaciones entre religión y política. Si pensamos en la historia de occidente, encontramos que en la antigüedad, por ejemplo en Roma, poco a poco el derecho y la política se fueron desvinculando de su sentido religioso, que originariamente poseían casi todos los preceptos. En la Edad Media, mientras el poder político se caracterizaba por la dispersión propia del feudalismo, el poder religioso o espiritual se concentraba en el Papa, que sin perjuicio de actuar durante todos los siglos posteriores como un jefe de Estado más, con sus propios intereses políticos, suponía un elemento de unión entre todos los reinos cristianos, y en cierta medida un suprapoder. Eso se rompe en parte en la Edad Moderna, ya que con la reforma protestante se implanta el principio “cuius regio, eius religio”, que si por un lado suponía la ruptura de la unidad religiosa anterior, por otro lado significó la unidad, en cada naciente Estado, entre poder político y poder religioso. Ello se muestra claramente en algunos Estados de la reforma, en los que el rey pasaba a ser la cabeza de la Iglesia (el caso de la Iglesia anglicana, que se mantiene hasta hoy aunque con efectos meramente formales, es paradigmático). Pero todo Estado moderno buscó en una unidad religiosa uno de sus ingredientes o pilares fundamentales, y en este contexto se entiende, por ejemplo, la expulsión de los judíos por parte de los Reyes Católicos, tan criticable por muchos otros motivos (y sobre todo a la luz de nuestros ojos actuales). Así como tantas guerras con un trasfondo religioso.

            Por contraste con la etapa anterior, la Edad Contemporánea se abre con la Revolución Francesa, uno de cuyos objetivos fue la radical separación entre el poder político y el religioso, y en particular entre el Estado y la Iglesia católica. Este avance, sin embargo, no se logró implantar sin dificultades, ni de forma inmediata, ni en todos los lugares por igual. Hoy, una de las características esenciales del Estado democrático es el reconocimiento de una plena libertad religiosa, lo que implica un pluralismo religioso en nuestras sociedades. Este es un principio irrenunciable, cuya implantación y reconocimiento no puede someterse al juego de las mayorías. Ello es compatible, sin duda, con la cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas, o incluso, como dice nuestra Constitución, con el deber de los poderes públicos de “tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española”. También es compatible, por supuesto, con que las personas valoren, a la hora de elegir a sus representantes, sus programas en materia de relación con las confesiones religiosas, o en los más variados temas que puedan tener conexión con cuestiones que, no siendo solo religiosas, sino también morales, políticas y sociales, tengan esa dimensión espiritual. Por lo demás, y como parte de esa separación, ni las confesiones religiosas deberían intentar “orientar” el voto de sus fieles, ni el poder público puede pretender que los líderes religiosos, o los propios creyentes, no expresen su opinión ante aquellos temas que consideren “sensibles” desde la perspectiva de sus creencias. En fin, siendo tantas estas cuestiones, no creo que ningún partido pueda (ni deba) presentarse como el más próximo a los principios o creencias de determinada confesión religiosa, intentando así “monopolizar” el voto de sus creyentes y forzar una identificación inexistente. Que yo sepa, y por fortuna, ninguna confesión pide el voto a un partido determinado, y así debe ser, por las razones ya expuestas.  

(Fuente de la imagen: https://sentiido.com/la-mezcla-entre-religion-y-politica-inevitable/)

miércoles, 10 de abril de 2019

¿Constitución-programa?

¿Constitución-programa?



            Es llamativa (y nada positiva) una cierta tendencia a la apropiación de la Constitución que advertimos en algunos líderes políticos. Algunos se denominan a sí mismos “constitucionalistas” y excluyen a los demás de ese colectivo. Saber si eso tiene sentido requeriría precisar el sentido del término con mucho más rigor del que se tiene. Y desde luego, no creo que sea procedente negar ese calificativo a quienes quieren modificar la Constitución por las vías que la propia norma fundamental establece, aunque cabría pensar que, si se trata de alterar alguno de sus valores superiores o principios fundamentales, o de modificar el sujeto de la soberanía nacional, el resultado sería ya “otra Constitución”, y quienes lo pretenden ya no serían, al menos en cierto sentido, “constitucionalistas”. Pero, al margen de este ejemplo, hemos apreciado recientemente otra actitud de apropiación en otros líderes políticos, que han presentado su programa con una evidente identificación entre este y la Constitución, tanto en el formato visual del propio programa, como en determinados contenidos o propuestas, que suponen una exigencia de aplicación de determinados preceptos constitucionales. Con ello dan a entender que la aplicación de la Constitución pasa necesariamente por la ejecución de su programa. Parecería un avance para quienes hasta ahora se han centrado en el objetivo de desmantelar el “régimen del 78”. Pero…

            Esa presentación me ha recordado la clasificación que suele hacerse, entre las “Constituciones marco” y las “Constituciones programa”, y el debate sobre en qué medida una norma fundamental debe limitarse a establecer los límites de la actuación de los poderes públicos (marco) o debe centrarse en el establecimiento de mandatos de actuación positiva, encaminados al logro de determinados objetivos. Hoy, desde luego, toda Constitución contiene este tipo de mandatos, pero en mi opinión no sería bueno que la Constitución se convierta en un programa cerrado que impida el juego de las distintas opciones políticas en los poderes legislativo y ejecutivo, que son quienes principalmente asumen la función de orientación política. Cabe añadir que difícilmente cabría interpretar la Constitución de 1978 en este sentido, dado que el pluralismo político, valor superior del ordenamiento según el artículo 1.1, se vería dañado si la Constitución coincidiera con el programa de un solo partido político o una ideología determinada. Por lo demás, es verdad que nuestra Constitución contiene mandatos no suficientemente cumplidos o logros no alcanzados, pero es porque ha recurrido en ocasiones a “normas programáticas”, que suponen objetivos que requieren una actuación constante y gradual, y nunca se acaban de alcanzar completamente. En fin, el peor defecto que entrañaría una “lectura” unidimensional de la Constitución es ignorar que esta se tiene que interpretar como un todo, ponderando los principios que pueden entrar en cierta tensión. Por ejemplo, es verdad que la Constitución impone una política orientada al pleno empleo, reconoce el derecho al trabajo y a una vivienda digna, e incluso subordina toda la riqueza al interés general, llegando a imponer que se facilite el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción; pero también establece la propiedad privada, la herencia, la libertad de empresa y el marco de la economía de mercado, así como la libertad como valor superior y el libre desarrollo de la personalidad. Por cierto, no tendría sentido (por redundante) imponer una política orientada al pleno empleo si el mero reconocimiento del derecho y el deber de trabajar implicase, per se, ese pleno empleo. Lo importante es tener presente que no tiene sentido el logro de unos objetivos que se consigue con el sacrificio de otros. Y aunque es obvio que cada opción política puede poner un mayor énfasis en determinados objetivos, nunca puede ignorar los demás. Y sobre todo, tratar de identificar la Constitución con los objetivos o programas específicos de una fuerza política, ignorando otros que le parecen preocupar menos a esa misma fuerza, es negar el pluralismo consustancial a la norma fundamental, y la necesaria ponderación entre principios que se requiere para “optimizar” cada uno de ellos sin sacrificar ninguno de los que puedan situarse en frente. 

(Fuente de la imagen: https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/04/08/podemos_presenta_programa_forma_constitucion_para_reivindicar_los_articulos_que_no_aplican_93769_1012.html )

sábado, 6 de abril de 2019

80 años del exilio

Ochenta años del exilio



            El pasado 1 de abril se han cumplido ocho décadas desde el final de la guerra civil española, y al tiempo, del inicio de un largo exilio de intelectuales al extranjero (aunque en realidad, en algunos casos dicho exilio ya había comenzado antes). Ochenta años debería ser tiempo suficiente para que un acontecimiento reciente pase de estar todavía de algún modo “enganchado” al presente, a ser un hecho histórico, al que quepa acercarse con el rigor y la objetividad de esta disciplina. Desde esta perspectiva, si por memoria histórica se entiende esa aproximación seria y científica al pasado, que siempre ayuda a entender el presente, resultará positiva. También tiene todo el sentido el reconocimiento o la reparación moral de cualquier víctima. En cambio, están fuera de lugar el revanchismo, la venganza, o el mero “revisionismo histórico” que persigue un objetivo predeterminado; y además implicarían al tiempo la revisión y frustración de uno de los mayores logros de nuestra transición política, como fue la reconciliación.

            El caso es que, a los tres duros años de guerra civil siguieron otros en absoluto mejores, con una difícil posguerra, tanto en España, como fuera de ella, con miles de personas que tuvieron que huir para salvar sus propias vidas o evitar las persecuciones a las que aquí serían sometidos. En alguna medida, ese exilio político viene seguido, y de algún modo llega incluso a solaparse, con un fuerte movimiento de emigración a lugares más prósperos, ante la imposibilidad de ganarse la vida en territorio español. En ambos casos, hay que destacar el papel de muchos países hispanoamericanos como lugar de acogida de aquellos españoles que se vieron obligados a abandonar su patria. Especialmente importante, en este sentido, fue la contribución de México, que durante décadas acogió a los españoles que llegaban huyendo de la persecución, de la necesidad económica, o de ambas circunstancias. España, que ahora es territorio de acogida de inmigrantes, nunca debería olvidar que ha sido durante décadas lugar de salida de emigrantes y exiliados, y al tiempo reconocer (como desde hace algunos años se ha hecho en ocasiones solemnes al más alto nivel) la deuda de gratitud con quienes acogieron a tantos españoles. En fin, entre tantos intelectuales que se vieron obligados a iniciar el exilio hace ocho décadas, no hay que olvidar una larga lista de juristas, cuyo mero enunciado no tendría cabida en este espacio: a título de muestra, Luis Recasens Siches, Jiménez de Asúa, o Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, hijo del que fuera presente de la República. Juristas que recibieron la acogida de los países hispanoamericanos y de su mundo académico, pero que también aportaron allí sus enseñanzas e influencias. Es ahora buen momento para conocer y divulgar esa labor, que afianza la intensa relación de España con los países hispanoamericanos. Intentaremos poner nuestro granito de arena.

(Fuente de la imagen: https://conceptodefinicion.de/exilio/)

martes, 26 de marzo de 2019

Lo que ahora conocemos como derechos humanos

Lo que ahora conocemos como derechos humanos



            El presidente de México ha exigido al rey de España disculpas por las violaciones cometidas durante la conquista “a lo que ahora conocemos como derechos humanos”. Bastaría señalar que es imposible vulnerar una norma o parámetro que todavía no existe para evidenciar que están fuera de lugar esas disculpas por la violación de lo que no existía. Pero cabría añadir que, se crea o no en unos valores previos universales, para que lo que hoy conocemos como derechos humanos haya llegado a ser eso, ha habido un proceso secular, en el cual figura como antecedente destacado el pensamiento filosófico de la Escuela de Salamanca y las reflexiones, impulsadas por la Corona, sobre la condición moral y jurídica de los indígenas. Y, desde luego, los intensos esfuerzos de la monarquía hispánica por proteger a los indígenas, aprobando una amplia legislación que venía -por decirlo en el lenguaje actual que parece gustarle al presidente de México- a reconocer sus derechos y su igual dignidad humana. España fue pionera en ello: más de un siglo antes del primer Bill of rightsdel mundo, fue el primer Estado en prohibir la esclavitud de los indígenas y proclamar sus derechos. Sin embargo, y por desgracia, es innegable que hubo abusos y excesos. Pero estos obedecen, sobre todo, a que algunos de los tatarabuelos de López Obrador incumplieron esas leyes proteccionistas que aprobaron los tatarabuelos de Felipe VI. 

            Utilizar ese revisionismo histórico tratando de aplicar parámetros actuales a situaciones pasadas es absurdo, y no puede traer nada bueno. El mismo criterio permitiría a España exigir disculpas a la República italiana por la invasión romana (que, entre la violencia y los abusos de una conquista forzada, nos trajo la base de nuestra civilización); o, sin ir tan lejos y como ha mencionado el ministro de exteriores de España, reclamar a la República Francesa por la invasión napoleónica, no muy pacífica por cierto. Podríamos seguir poniendo ejemplos… pero es que, con el mismo rasero, quien parece situarse como sucesor de los “pueblos originarios” (y, por cierto, no exige disculpas a Estados Unidos o Francia por otras conquistas que afectaron ya a la actual República mexicana…), tendría él mismo que disculparse, en nombre del imperio mexica, por haber sojuzgado a tantos otros indígenas, miles de los cuales se aliaron gustosos con los españoles para desprenderse de ese yugo. O por los sacrificios humanos y el canibalismo que practicaron, salvo que, por alguna razón que no alcanzo a ver, no haya que juzgar esos actos con el parámetro de “lo que hoy conocemos como derechos humanos”, sino hacer un esfuerzo de tolerancia, contextualización y comprensión que, sin embargo, no hay que aplicar a los españoles del siglo XVI. España y México tienen mucha cultura en común, y España tiene mucho que agradecer a México. Pero lo que es absurdo, es absurdo.

(Fuente de la imagen: https://www.changoonga.com/felipe-vi-confirma-presencia-toma-protesta-amlo/ )