jueves, 30 de junio de 2016

Hora de entenderse

Hora de entenderse


    
        Al día siguiente de las elecciones del 20 de diciembre, escribí un artículo titulado “La hora de la responsabilidad”, que en síntesis decía que, ante la falta de mayorías absolutas, había que buscar fórmulas que posibilitaran el entendimiento, al menos entre los partidos constitucionalistas, para formar Gobierno. Me parece que, en este medio año, los españoles hubieran querido que ese Gobierno se hubiera podido formar, pero eso requería el acuerdo de distintas fuerzas políticas, y estas no estuvieron a la altura, probablemente porque cada uno de sus líderes interpreta la voluntad de sus votantes como le viene en gana, y de ese modo hace con esos votos lo que considera conveniente. Tras el 26-J, hay algo en común con la situación de diciembre, pero hay algo diferente. Lo que hay en común es que nadie tiene mayoría absoluta, ni siquiera está próximo a dicha mayoría. De hecho, la única combinación de dos partidos que alcanzaría dicha mayoría sería PP-PSOE, y en cualquier otro caso sería necesario el acuerdo entre tres o más partidos. La diferencia, en cambio, es que en esta ocasión hay un partido cuyos resultados han estado mucho más notoriamente por encima de los demás, al cual le debe corresponder, en buena lógica, formar Gobierno, en solitario o en coalición con otros. Los editoriales de los tres diarios más importantes de tirada nacional el 27-J coincidían en esta visión: lo más lógico es un Gobierno del Partido Popular, ya que en este caso ninguna combinación que lo excluya parece viable. Algunos ya han dicho que ellos quieren pasar a la oposición. Eso es respetable, pero no hay que olvidar que no puede haber oposición sin Gobierno, y en este caso parece que la formación de dicho Gobierno requiere al menos la abstención de quienes quieren pasar a la oposición. Una situación de bloqueo que conduzca a unas terceras elecciones, es tan posible como indeseable y ridícula.


            En consecuencia, toca entenderse. Es lógico que cada partido reclame algo, normalmente vinculado a la esencia de su programa, para apoyar al Gobierno. Por poner un ejemplo, se entendería que el PSOE exija una política más social, o Ciudadanos un programa concreto de regeneración democrática. Y quien vaya a formar Gobierno debe tener una actitud abierta y receptiva. Lo que no se entiende son los vetos previos personales, o las negativas inmediatas que ni siquiera esperan a escuchar lo que se puede ofrecer. Quiero imaginar que nuestros representantes harán esta vez de necesidad virtud, y que en esta legislatura no solo tendremos Gobierno en un plazo razonable, sino también lograremos ver los acuerdos en los grandes temas que algunos venimos reclamando hace años: educación, Estado social, ley electoral y, desde luego, la cada vez más necesaria reforma constitucional. Lo he escrito muchas veces: para construir algo en común, el consenso no suele ser nunca el punto de partida, sino el de llegada. Pero este requiere actitudes que hace mucho tiempo no encontramos en nuestros líderes políticos: escuchar antes de decir no, proponer, tener una actitud constructiva y no destructiva, evitar vetos y “líneas rojas” y estar dispuestos a ceder en algo, aunque no se deba renunciar a los principios esenciales. Si fue posible en 1977-78, tendría que serlo hoy. Primero, un Gobierno acorde con lo que deriva de las urnas, pero que debe ganarse el apoyo de otros. Y después, esos grandes proyectos comunes que deben contar con el apoyo de la inmensa mayoría. Tal vez me creo que vivo en el país de las hadas. O tal vez, solamente es que no pierdo la fe en España, en los españoles y en quienes nos representan.        

(fuente de la imagen: http://camarotecapitan.blogspot.it/2013/07/cuestion-de-entendimiento.html)

jueves, 23 de junio de 2016

De mayúsculas, cargos e instituciones

De mayúsculas, cargos e instituciones


            Uno de los errores ortográficos más frecuentes en el lenguaje oficial es el abuso de las mayúsculas. Este error, además, se extiende al lenguaje jurídico, académico, e incluso al lenguaje periodístico. Se diría que la “mayusculitis” es uno de los males más frecuentes y acusados en gran cantidad de textos y de contextos. Particularmente es llamativa la tendencia a escribir con mayúscula inicial los nombres de títulos y cargos. Pero hoy ese uso carece de toda justificación. Es sabido que los nombres comunes se escriben con minúscula, y los nombres propios, con mayúscula inicial. Por ello los títulos y cargos han de escribirse con minúscula, a diferencia de las instituciones. Por si quedase alguna duda, varios textos que debemos utilizar como pauta la despejan. En primer lugar, la Ortografía de la lengua española del año 2010 nos indica que “los sustantivos que designan títulos nobiliarios, dignidades y cargos o empleos de cualquier rango (…) deben escribirse con minúscula inicial por su condición de nombres comunes, tanto si se trata de usos genéricos (…) como si se trata de menciones referidas a una persona concreta”. Añade la Ortografía que, “aunque por razones de solemnidad y respeto, se acostumbra a escribir con mayúscula inicial los nombres que designan cargos o títulos de cierta categoría en textos jurídicos, administrativos y protocolarios (…) se recomienda acomodarlos también en estos contextos a la norma general y escribirlos con minúscula”. De esta manera, la Ortografía se muestra algo más estricta que el Diccionario panhispánico de dudas, que es de 2005 y está precisamente en proceso de adaptación a las nuevas Ortografía y Gramática, que se limitaba a constatar esa costumbre de textos jurídicos y oficiales, sin aprobarla ni desaconsejarla. Por lo demás, las Directrices de técnica normativa, que también fueron aprobadas en 2005, contienen un mandato general: “El uso de la mayúsculas deberá restringirse lo máximo posible”.

            Así que, por mucho que a algunos les resulte extraño, hay que escribir, por ejemplo, “rey”, “presidente del Gobierno”, “jefe del Estado”, “ministro”, o “decano de la Facultad”. Desde luego, hay que reconocer que no pocas normas incumplen estos criterios, comenzando por la propia Constitución, que proclama por ejemplo: “El Rey es el Jefe del Estado…” (artículo 56.1), o “El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros…” (artículo 98.1). Desde luego, cuando se citen literalmente estos y otros preceptos, habrá que transcribirlos con mayúscula, pero fuera de este caso, permanece la regla claramente derivada de nuestra Ortografía. No sé muy bien a qué responde esa tendencia al abuso de la mayúscula en estos contextos, pero pienso que acaso derive de un deseo de dar gran relevancia a la persona que ocupa el cargo, rodeándola del boato que parece derivar de la mayúscula; o a la intención de transmitir a los ciudadanos un deber de respeto, cercano al temor reverencial, hacia quien ostenta un cargo, como si fueran súbditos. O, lo que es peor, a un intento de equiparar a la persona que desempeña el cargo con la propia institución. Pero las cosas no son así: hoy, quien ocupa un cargo, ha de estar al servicio de la comunidad y no situarse por encima de ella ni reclamar “obediencia” (se obedece a normas y no a personas), ni más respeto que el que se debe a toda persona, y el que deriva del honor que supone encarnar temporalmente la institución. Las personas pasan, las instituciones permanecen, y a veces se diría que incluso “sobreviven” a aquellas.

(fuente de la imagen: http://autocad-salvavidas.blogspot.mx/2013/02/tip-cambiar-contenido-texto-mayusculas-minusculas-mtext.html)  

miércoles, 15 de junio de 2016

Lenguas de signos y Constitución

Lenguas de signos y Constitución



            Como es sabido, las lenguas de signos son usadas principalmente por personas sordas o con otras características, como forma habitual de comunicación. No son, a día de hoy, la única solución o alternativa para su colectivo de usuarios, ya que en ocasiones existen otros medios para mitigar o corregir dificultades auditivas o peculiaridades comunicativas, pero lo cierto es que la mayor parte de los miembros de este colectivo consideran una de estas lenguas como su “lengua natural”. Las lenguas de signos tienen elementos comunes, pero también elementos propios y específicos, incluyendo su propia gramática, estructura y otras reglas que hacen que no exista una lengua de signos universal, sino varias, con una cierta correspondencia con el resto de las lenguas.  Son, en definitiva y a todos los efectos, lenguas que han sido estudiadas y analizadas como tales por expertos lingüistas. En España, por ejemplo, existen dos lenguas de signos, como son la lengua de signos española y la catalana.


            Gracias a mi estimado compañero Enrique Belda, el primero y de momento casi el único constitucionalista español que ha estudiado la cuestión, he tenido varias oportunidades de ir aprendiendo la realidad de las lenguas de signos y su relación con la Constitución. Porque este colectivo viene reivindicando, entre otras cuestiones, la necesidad de un reconocimiento constitucional de las lenguas de signos de España, que las equipare en gran medida a las demás lenguas cooficiales. Estas lenguas aparecen reguladas hoy ya en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Hace pocos días, coincidiendo con el Día Nacional de las Lenguas de Signos, tuvo lugar un hito excepcional en ese camino, dado que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, entidad pública dependiente del Ministerio de la Presidencia, acogió el seminario “Hacia la constitucionalización de las lenguas de signos españolas”, en el seno del cual se presentó el informe “El reconocimiento constitucional de las lenguas de signos españolas”. Tuve la fortuna de moderar una mesa redonda en este foro, en la cual participaban de forma paritaria lingüistas y constitucionalistas. Allí se analizaron las peculiaridades de estas lenguas, y la forma más idónea para su reconocimiento al máximo nivel constitucional. Me quedó claro que la reivindicación de ese reconocimiento no se plantea como una cuestión vinculada al ámbito de la discapacidad, sino más bien al de la propia comunicación lingüística, como aspecto íntimamente ligado a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad. Se trata simplemente de que miles de españoles no ven reconocida oficialmente, en la norma suprema del Estado, la que es su lengua natural. Unida a esta reivindicación hay otras, relacionadas con mayores opciones para acceder a comunicaciones e informaciones en su propia lengua. Además, la ocasión fue propicia para seguir conociendo a más usuarios de estas lenguas, y sus preocupaciones. Excelentes personas con una causa justa. Incluso tuve la oportunidad de ser “bautizado” en lengua de signos, para poder presentarme en futuras ocasiones. Si ya lo estaba, quedé todavía más comprometido a apoyar esta legítima reivindicación, con efectos no solo simbólicos, sino también prácticos. Y así lo hago ahora por esta vía con plena convicción, aunque no quepa aquí entrar en los detalles jurídicos.


(fuentes de las imágenes: http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/Lengua_de_signos/index.html
http://aprendelenguadesignos.com/vocabulario-en-lengua-de-signos-i-love-you-te-quiero/)

martes, 7 de junio de 2016

Comprar el firmamento

Comprar el firmamento



“¿Como se puede comprar o vender el firmamento, ni aun el calor de la tierra? Dicha idea nos es desconocida. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿cómo podrán ustedes comprarlos?”. Este es el inicio de la carta que el jefe indio Noah Sealth escribió al presidente de los Estados Unidos en 1854, en respuesta a su oferta de comprarles sus tierras y crear una reserva india para ellos. En realidad más bien una imposición casi forzosa para privarles de esas tierras. La verdad es que esa compra-privación finalmente se produjo en 1855 a través del tratado de Point Elliot, pero el texto de Sealth, cuya lectura íntegra es muy recomendable, ha quedado para la historia como el que probablemente sea el primer manifiesto auténticamente ecologista. A pesar de la claudicación más o menos obligada, sus palabras deben seguir resonando siempre en nuestras conciencias: “Si les vendemos nuestra tierra, deben recordar que es sagrada, y a la vez deben enseñar a sus hijos que es sagrada y que cada reflejo fantasmagórico en las claras aguas de los lagos cuenta los sucesos y memorias de las vidas de nuestras gentes”. Siempre recordaré este texto, porque fui Boy Scout y lo leíamos, aprendíamos y analizábamos, e incluso un compañero le puso música y compuso con él una canción a la que acompañaba con la guitarra, y que recuerdo perfectamente.


Desde entonces ha pasado mucho tiempo (me refiero a la fecha de la carta de Sealth y no a la fecha en que cantábamos aquella canción con su letra, aunque esta última tampoco fue precisamente ayer…), y la preocupación medioambiental ha ido creciendo, a la vez que las amenazas a la propia naturaleza y al planeta en que vivimos, las cuales la mayor parte de las veces proceden del propio ser humano. Así sucede casi siempre con los derechos fundamentales: su reconocimiento, tutela y garantía se hace más necesario cuanto más intensas son las amenazas, ya que cuando estas no existían, ni siquiera resultaba propiamente necesario proclamar como derecho lo que se tenía de forma natural y obvia. Y es así como prácticamente hasta el  siglo XX no encontramos una verdadera protección jurídica del medio ambiente, y en realidad esta protección solo alcanza el máximo rango, es decir el reconocimiento constitucional, hasta las Constituciones de Portugal de 1976, o la nuestra de 1978 (aunque pocos años antes hay que citar el hito fundamental que supuso la Declaración de Estocolmo de 1972). La configuración del medio ambiente como derecho fundamental no deja de plantear dificultades, relativas sobre todo a su titularidad, y por ello suele hablarse de derechos colectivos o de titularidad difusa, pues no solo se predican de toda la humanidad, sino incluso de generaciones futuras. Mucho más recientemente, textos como la Constitución de Ecuador de 2008 cambian el enfoque, al situar a la propia naturaleza o Pacha Mama como titular de un derecho al respeto de su existencia y al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales. Para el jurista es un reto extraer el significado y consecuencias de tal proclamación. En cualquier caso, dicha idea entronca con la cultura indígena que nos hace ver que la naturaleza no nos pertenece, sino que más bien nosotros pertenecemos a ella. Algo que ya escribió Sealth. En fin, desde 1973 se celebra cada 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, una buena ocasión para reflexionar sobre estos temas, y sobre lo que cada uno puede aportar para la preservación de nuestro hogar común.

(fuente de la imagen: http://lacazoletadesamarines.blogspot.com.es/2010/04/reflexiones-acerca-de-la-carta-del-jefe.html)