República.com (y II)

República.com (y II)

            Los riesgos visibles del actual panorama del debate público en Internet son como mínimo dos: la radicalización de las personas que consumen solo contenidos informativos acordes con sus previas ideas o concepciones, y la proliferación de informaciones falsas o no contrastadas. Pero a todo problema hay que buscar soluciones, y creo que cabe apuntar algunas líneas de actuación que podrían minimizar el impacto de estos riesgos. Porque lo primero que cabe destacar es que, desde luego, Internet no es ni puede ser un “far west” que quede fuera del control jurídico. Bien es verdad que, hasta ahora, los intentos de regulación han sido tímidos, pues es obvio que todos ellos consisten en definitiva en limitar lo más valioso de este medio, que es como ya apunté una libertad de expresión e información más accesible que nunca en la historia, y no solo desde el punto de vista de los emisores, sino también de los receptores. Pero esta regulación, que implicará límites admisibles y razonables (esto es, proporcionados y congruentes con una finalidad legítima), resulta necesaria, y en esta línea se ha ido avanzando, con normas específicas en diversos sectores. Ello además de que, como es obvio, las normas civiles, penales y administrativas generales son plenamente aplicables a Internet, aunque a veces planteen dificultades concretas. Para afrontarlas han surgido en los últimos años instituciones públicas que, con mayor o menor amplitud, velan por la protección de los derechos de privacidad en la red, como son las agencias de protección de datos.

            Pero el derecho no todo lo puede, y en este ámbito ello es particularmente cierto. Por eso quiero centrarme en algunas otras medidas que convendría aplicar. En primer lugar, creo esencial la adecuada formación de los usuarios, que permita una utilización más consciente, responsable y crítica de las nuevas tecnologías. Las nuevas generaciones se familiarizan casi a la vez con las papillas y con Internet, y desde pronto reciben en los colegios formación específica en informática. Pero creo que poco se hace para que, junto con la tecnología, aprendan criterios para llevar a cabo su uso adecuado, tanto desde la perspectiva de la protección de su privacidad y sus derechos, como de los criterios correctos para no lesionar los derechos de los demás ni valores colectivos. A la vez que un niño aprende a subir fotos a Facebook, debe aprender que no puede subir cualquier foto de cualquier amigo de forma abierta; o a la vez que se aprende a compartir una noticia, debe aprender que no puede compartirse cualquier noticia sin al menos una somera contrastación. El segundo ámbito de actuación es, obviamente, el de los administradores de las redes sociales o plataformas de internet.  Ellos argumentan que no pueden (ni deben) hacer un control previo de toda información o imagen, o de los miles de horas de vídeo que cada minuto se suben a youtube; pero sí han de actuar, de forma seria y contundente, comprobando inmediatamente cualquier denuncia y sancionando, si procede, con una medida que a veces puede ser más temida que una multa o sanción administrativa, como es el cerrar las cuentas que incumplen de forma clara y reiterada la legalidad. Usuarios y administradores tienen así el derecho y el deber de controlar las opiniones, informaciones e imágenes que se emiten, y así el debate público será más sano y las redes contribuirán a su apertura y democratización, superando los riesgos que ahora apreciamos, que conducen a la radicalidad, al populismo, a la falta de veracidad y a riesgos graves para la privacidad de las personas.

(Fuente de la imagen: http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/uso-internet-aumenta-dudas-voto_0_284171675.html)