A vueltas con la independencia judicial (I)

A vueltas con la independencia judicial (I)

            Es indudable que la justicia tiene problemas en nuestro país. Algunos se comparten, en mayor o menor medida, con otros países próximos, mientras que otros se aprecian de forma más acusada en España. La lentitud de su funcionamiento no es el menor, ya que lamentablemente suele ser regla en todo tipo de procesos. La escasez de medios, personales y materiales, es también una constante en nuestra administración de justicia, dificultando su funcionamiento ágil y eficaz. No ha de ser casualidad que varias Comunidades Autónomas, aun teniendo en sus Estatutos incorporadas las competencias en materia de “administración de la Administración de Justicia”, no parecen tener especial interés en asumir esa gestión, si no viene acompañada de medios que permitan mejorarla. La modernización tecnológica parecía que no iba a llegar nunca, y aunque la reciente implantación de Lexnet va en esa línea, muchos abogados y operadores jurídicos son todavía críticos con esa herramienta. Y en fin, se habla mucho de la politización de la justicia, que derivaría en buena medida del origen político de su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, decisivo en materia de ascensos y promociones, así como en los nombramientos de cierto cupo de magistrados en los altos tribunales.

            Yo, desde luego, no voy a defender a ultranza nuestro sistema de designación y promoción de magistrados, que posiblemente podría reformarse (aunque lo más importante sería que funcionase de acuerdo con su espíritu). Pero creo que hay que analizar las situaciones con algo más de objetividad, y situar los problemas en su justa dimensión. Desde esta perspectiva, y en términos globales, me atrevo a afirmar que la independencia judicial, auténtico baluarte de la separación de poderes, no goza de mala salud en España si se compara con otros lugares. Creo que en general la justicia actúa de forma independiente y trata de resolver las controversias jurídicas superando las (incuestionablemente existentes) presiones y condicionamientos sociales y políticos. Tal vez, a veces hay que temer más la posibilidad de que algún juez quiera, en este circo mediático en el que se ha convertido nuestra sociedad, ocupar un rol protagonista, que el hecho de que vaya a actuar bajo presión del poder político. Desde luego, hay casos muy llamativos en los que toda la sociedad pone el foco. Indudablemente, uno de ellos ha sido el proceso penal del que han sido parte Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín. Ahora muchos han criticado duramente la sentencia, por ser presuntamente “blanda” en el castigo, especialmente con la hermana del actual rey. Pero conviene analizar despacio la situación. Para muchos, la culpabilidad de ambos era una verdad incuestionable desde el minuto cero. Y claro, entonces la absolución penal de la infanta (aunque haya venido acompañada de una multa para compensar su beneficio a título lucrativo) ha parecido absolutamente injusta, y se especula con todo tipo de motivaciones. Nada importa que se trate de delitos complejos, que las propias acusaciones hubieran discrepado al respecto (y la única que sostenía la culpabilidad está bajo sospecha de actuación ilícita) y que los jueces hayan estudiado el asunto durante años, generando sumarios de miles de páginas. Algunos ya habían juzgado y condenado, sin pruebas ni atención a derechos procesales. En nada contribuimos a la independencia judicial ni al correcto funcionamiento del Estado de Derecho si no respetamos decisiones que son a todas luces respetables.

(Fuentes de las imágenes: http://www.mercado.com.ar/notas/dossier/2711133/polticas-para-garantizar-la-independencia-judicial y https://josemariadepablo.com/2012/07/03/la-falta-de-independencia-del-poder-judicial-i-el-problema-mas-grave-de-la-justicia-en-espana/)