Defensa
de la función jurisdiccional
Es normal criticar sentencias. Los
juristas nos dedicamos en buena medida a ello. También se comprende y resulta
adecuado -e incluso necesario- que se destaquen los problemas que afectan a
nuestros órganos jurisdiccionales y a su gobierno, desde el retraso demasiado
frecuente en la solución de los asuntos, hasta cierta tendencia a la
politización, más acusada en los órganos cuya designación depende, en la
práctica, de los partidos políticos, como el Consejo General del Poder
Judicial, o el Tribunal Constitucional. Por no hablar de las sorprendentes y
vergonzosas “filtraciones” de las decisiones. Yo mismo he señalado
reiteradamente estas y otras críticas. Pero no puedo compartir que este tipo de
críticas se utilicen con la finalidad de deslegitimar las instituciones, de
minar su credibilidad, o más ampliamente de cuestionar el valor que la
Constitución y nuestro Estado de Derecho dan a las decisiones de los órganos
jurisdiccionales. Si además este tipo de críticas proceden del Gobierno o de
los partidos que lo sustentan, me parecen muy especialmente rechazables e
irresponsables.
Por desgracia, esto es lo que
venimos presenciando en los últimos tiempos, cada vez con mayor frecuencia e
intensidad. Por poner solo algunos de los muchos ejemplos, para justificar la
concesión de determinados indultos no ha habido empacho en insinuar que las
condenas penales que se indultaban representan una actitud de revancha que hay
que corregir. Para debilitar la trascendencia de alguna decisión del Tribunal
de Cuentas se ha apuntado, de forma manifiestamente errónea, su supuesto
carácter administrativo. Para cuestionar la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre el primer estado de alarma se ha desarrollado una
contundente campaña, utilizado argumentos tan burdos como que las medidas
adoptadas salvaron vidas (cuando el Tribunal en ningún momento cuestiona las
medidas, sino la legitimidad de la cobertura del estado de alarma para
adoptarlas). Peor aun, se ha tratado de
deslegitimar al propio Tribunal destacando que parte de sus miembros no han
sido renovados (lo cual es responsabilidad, en parte, de los propios políticos
que lo destacan), o simplemente cuestionando su legitimidad para “tumbar” una
decisión aprobada por la inmensa mayoría del Congreso (olvidando que si para
algo existe el TC es precisamente para señalar cuando la mayoría infringe la
Constitución). Frente a estas actitudes, es necesaria una firme defensa de
nuestro poder judicial y de los tribunales que ejercen funciones
jurisdiccionales, a los cuales tanto hemos de agradecer. Y, cuando proceda,
criticar, pro sin deslegitimar.
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