Aun cuando…
El Derecho no es una ciencia exacta
y, por suerte o por desgracia, en este ámbito casi todo es susceptible de
diversas interpretaciones y valoraciones. Toda resolución judicial es
susceptible de crítica, jurídica y política. Desde el punto de vista de la
libertad de expresión, incluso las opiniones más disparatadas tienen amparo, y
en aras del derecho de defensa casi todo se permite. Pero en una sociedad que
aspira a un debate maduro, hay que valorar muy negativamente las opiniones
desprovistas de un mínimo fundamento o argumentación. Yo, aunque creo que es
muy interesante el debate jurídico sobre las resoluciones que han acordado
recientemente la prisión provisional de algunos ex consejeros del Gobierno
catalán, no voy a entrar ahora en esa cuestión. Voy a dar por buenas, a los
solos efectos dialécticos, las críticas jurídicas que se les han formulado,
para poner de relieve que ninguna de ellas permite sostener que España no es un
Estado democrático, o que tiene baja calidad democrática, es franquista u otras
lindezas del estilo.
Aun cuando admitiéramos que el
Ministerio Fiscal actúa al servicio del Gobierno, su actuación no vincula en
absoluto a los jueces, así que no existe base alguna para cuestionar la
independencia de estos. Y aun cuando diéramos por cierto que la prisión
provisional es desproporcionada, ello no permitiría hablar de presos políticos.
Porque aun cuando aceptásemos que no había base suficiente para imputar el
delito de rebelión, permanecen otras imputaciones igualmente graves. Y aun
cuando defendiéramos que no había riesgo de fuga (a pesar de que medio Gobierno
se había fugado ya) ni de reincidencia (aunque las propias declaraciones de los
exconsejeros apuntaban a lo contrario), ello no sería obstáculo para que
tengamos que reconocer, si pretendemos ser mínimamente objetivos, que el auto
de prisión provisional es una resolución judicial legítima, fundada en derecho,
y como tal plenamente respetable. Y, por cierto, susceptible de revisión, en la
vía judicial, constitucional y europea. Se puede criticar e instar estas vías
de recurso, precisamente porque España es un Estado democrático en el que cabe
la libertad de expresión, y están plenamente vigentes las garantías procesales.
Pretender descalificar la calidad democrática de España con ese argumento me
parece una tergiversación interesada e indigna, que solo busca dañar nuestra
imagen.
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