No es democracia
Admito que puede resultar tentadora
para algunos, dentro y fuera de España, la idea de que lo que pretende celebrar
el Gobierno de Cataluña el día 1 de octubre es un ejercicio de democracia. Es
fácil creer que cualquier votación es siempre una muestra de democracia. Y está
ese sentimiento romántico de que las naciones tienen que decidir libremente su
destino. Si además la independencia se pretende frente a quien fuera una
potencia colonial (incluso aunque de aquel pasado solo quede el recuerdo
remoto), se comprende que pueda generar simpatías en algunos. Simpatías a las
que también habrán contribuido años de eficaz propaganda independentista,
apenas contrarrestada por las instituciones españolas. Además, las
instituciones catalanas y los independentistas ya han abandonado por completo
cualquier esfuerzo de justificación jurídica de sus pretensiones (cuya
inconstitucionalidad e ilegalidad no niegan, más allá de una genérica e
inconsistente referencia al principio de libre determinación de los pueblos,
que como es sobradamente conocido es inaplicable al caso, pensado como está
para casos de colonización u ocupación militar), centrándose en la sola
justificación de su legitimidad, precisamente como ejercicio de democracia. Por
todo ello, resulta ahora necesario desmontar esta idea, que a mi juicio no
resiste ni el menor análisis mínimamente riguroso, poniendo sobre la mesa los
argumentos (políticos) que justifican que este pretendido referéndum no resulta
la forma idónea para ejercer democráticamente ningún supuesto derecho
colectivo.
Entre estos argumentos, están los que podríamos vincular a una cierta
exigencia de calidad democrática, que implican que la adopción de decisiones
venga acompañada de un debate abierto, incluyendo la consideración de otras
alternativas al “sí” o el “no” (es probable que una amplia mayoría de catalanes
prefieran una solución diferente, e intermedia entre el mantenimiento del statu quo y la independencia); y también
los que se refieren a cuestiones básicas de teoría política, como que este tipo
de decisiones solo puede adoptarlas el sujeto soberano, que es todo el pueblo
español (y no solo porque así lo dice la Constitución). Ningún Estado
occidental permitiría, ni ha permitido nunca, una ruptura unilateral e ilegal
de su soberanía. Más allá de estos argumentos, hay algunos más que se derivan
de la pésima gestión del proceso en las últimas semanas. Como la absoluta falta
de garantías para que el 1-O fuera un proceso libre y abierto de toma de
decisiones; la completa falta de neutralidad del Gobierno convocante en todo el
proceso; el clima de coacción que se ha creado para favorecer la independencia;
y especialmente, la falta de las más elementales garantías democráticas en la
aprobación de esa “nueva legalidad” que habría de servir de sustento a la
transición y al nuevo Estado. Nadie puede considerar democrático un Parlamento
que aprueba leyes en un día, cercenando las más elementales garantías jurídicas
y procedimentales, y los derechos políticos de toda la oposición, y obviando
todos los pareceres de los órganos y funcionarios que tienen encomendada la
garantía de la aplicación de normas procedimentales. Quizá la democracia no
sea, como quería Kelsen, solo
procedimiento, pero desde luego el respeto al procedimiento es parte esencial
de ella. La democracia no es solo la decisión por mayorías, sino el respeto a
las minorías. Teniendo en cuenta esto, lo que pretenden llevar a cabo el 1-O no
es un ejercicio de democracia, sino que más bien constituye un atentado contra
las reglas de nuestra democracia. Ni siquiera es un ideal ejercicio “en bruto”
de democracia roussoniana: es un puro puñetazo en la mesa, un golpe frontal a
nuestro Estado de Derecho.
(Fuente de la imagen: http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-puigdemont-critica-gobierno-y-define-referendum-ilegal-1-octubre-entre-dignidad-o-imposicion-201706101339_noticia.html)
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