Malos tiempos para la libertad
El debate sobre si en España se ha producido materialmente una suspensión de la libertad de circulación, que sería impropia en un estado de alarma, siendo sin duda interesante, no debería servir para soslayar la cuestión de las intensísimas limitaciones que, merced a las medidas adoptadas en las últimas semanas, se han aplicado a una parte muy significativa de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Desde la libertad de reunión y manifestación (acaso también materialmente suspendida), hasta la privacidad, severamente afectada por medidas como las previstas en la orden que regula la geolocalización, pasando por derechos como la libertad de empresa o el propio derecho al trabajo, sin olvidar la libertad religiosa y de culto. Respecto a este último, no deja de ser sorprendente que en una de las fases de “desescalada” se contemple algo que, teóricamente, habría sido posible durante todo el estado de alarma (el artículo 11 del Decreto 463/2020 sí permite la asistencia a lugares de culto y celebración de celebración de ceremonias civiles y religiosas, con ciertos requisitos). Del rango normativo ya ni hablamos, ya que parece que hubiera que admitir que la declaración del estado de alarma permite sin más matices utilizar cuando se quiera órdenes ministeriales para restringir derechos o alterar lo dispuesto en las leyes… y parece que esta va a ser la regla en las próximas fases, en las que las decisiones más importantes se van a adoptar por órdenes del Ministerio de Sanidad. Por supuesto, y volviendo a las restricciones en sí, es indiscutible que existe un fin lícito, o más bien constitucionalmente impuesto, para el establecimiento de estos límites, como es la protección de la vida y la salud. En cuanto a la necesidad de todas y cada una de estas medidas, el asunto sería ya más cuestionable, pues obligaría a valorar, en cada caso, la posibilidad de lograr el mismo fin con medidas menos invasivas. Y respecto a la proporcionalidad… con todo lo subjetivo que esto sea, no creo, desde luego, que pueda afirmarse sin más que esto se cumple en todos los casos.
Pero hay algo, a mi juicio, más grave. Las restricciones que se vienen anunciando, y en algunos casos imponiendo, a la propiedad privada (no solo afectada ya por algunas medidas, sino también amenazada desde el propio Gobierno) y a las libertades de expresión e información, no solo resultan preocupantes, sino que parecen haber perdido en muy buena medida la relación con el fin que en estos días parece dar cobertura a todo. Ayudar a las personas que no pueden pagar el alquiler o que deben por diversas circunstancias abandonar el lugar en el que podrían residir; o bien impedir la circulación de noticias falsas, son sin duda fines lícitos, pero ni se vinculan ya de forma directa con la protección de la salud, ni requieren medidas “especiales” bajo este estado de alarma ni, en modo alguno, justifican la necesidad de medidas como las que se vienen imponiendo o, mucho peor, anunciando, ya que es indudable que los mismos fines pueden conseguirse con medios menos invasivos de los derechos. Centrándome en las libertades de expresión e información, hay que decir que ya, es decir sin la aprobación de ninguna medida adicional, la única información constitucionalmente protegida es la veraz, y existen normas civiles y penales que protegen otros bienes, valores y derechos frente a los eventuales abusos de estas libertades. Pero inmediatamente hay que decir que el Tribunal Constitucional ha explicado con claridad qué significa el requisito de la veracidad, que no supone en todo caso la necesidad de una estricta y completa correlación con la verdad absoluta de unos hechos (si es que esa idea es posible), sino más bien la demostración de que se ha llevado a cabo una contrastación razonable de la noticia que se va a difundir. Y eso, pensado en su momento para los profesionales de la información, me parece que hoy, cuando cada persona es, en realidad, un medio de comunicación, es extrapolable, al menos en cierta medida, a cada ciudadano, que ha de ser responsable a la hora de contrastar aquellas informaciones que comparte, sobre todo si es imposible determinar su fuente. Pero ello no justifica en modo alguno que el Gobierno quiera identificar y controlar “bulos” impidiendo sin más la divulgación de lo que se aparte de la “verdad oficial”; ni tampoco que lo haga a través de “agencias” independientes, que son empresas privadas, pero que no pueden pasar a tener una consideración semioficial. Todo ello resultaría absolutamente peligroso y desproporcionado. La pregunta de la última encuesta del CIS sobre si se prefiere solo información “de fuentes oficiales”, o más bien que no haya límite ninguno a la libertad de expresión o a la circulación de bulos, pasará a la historia de este instituto público como ejemplo de manipulación burda y capciosa (hay, por supuesto, muchas opciones intermedias), pero está clara que trataba de “crear ambiente” para justificar estas y otras medidas. En cuanto a las inequívocas amenazas llevadas a cabo por el vicepresidente del Gobierno, en el sentido de que no habrá lugar en este país para la prensa de ultraderecha (que es, naturalmente, la que él considere tal) me parecen sencillamente inaceptables en un Estado democrático. En una sociedad democrática, hay formas y formas para impedir la circulación de bulos manifiestos e inequívocos, tomar medidas frente a quienes los propagan, o para ayudar a los ciudadanos a identificarlos. Pero yo podría dar no pocos ejemplos de las “correcciones” llevadas a cabo por alguna de esas agencias, en los que se pone de manifiesto que, con el pretexto de desvelar un bulo, se entra en un debate de ideas y opiniones, o simplemente, se entra a rebatir algo muy distinto a los bulos, como son las hipótesis. Estas, que son por cierto el primer paso de toda investigación científica, deben admitirse como tales, aunque no sean la verdad absoluta, siempre que se expresen en tal condición, y se indique la justificación o el sustento en el que se basan. Dicho sea de paso, si las hipótesis o conjeturas pueden considerarse bulos, creo que estas agencias habrían tenido bastante trabajo solo con las que han procedido del Gobierno: hace unos meses se dijo que no había apenas riesgo de contagio en España, las mascarillas eran innecesarias salvo para los que estaban infectados, y últimamente parece que los tests masivos tampoco se consideran necesarios para la famosa “desescalada”. Vaya, creo que hipótesis más fundadas han sido desmentidas no pocas veces por estas agencias. Y eso por no hablar de interpretaciones de la Constitución tan sesgadas que llevan a extraer consecuencias difícilmente defendibles, y que tampoco parecen haber sido “aclaradas”. Por último, la persecución a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad de las opiniones que puedan generar un clima crítico con el Gobierno, en la medida en que puedan generar un “estrés social” -peligroso concepto si se utiliza para justificar severas restricciones de las libertades- es una medida que, por mucho que luego se hayan querido rectificar las palabras literales con las que fue anunciada (yo creo que lo fue en uno de los pocos ejercicios de “transparencia” respecto a lo que se está haciendo), nos puede servir como señal de hasta dónde debería llegar nuestra preocupación como ciudadanos por lo que se está tratando de hacer. Me temo que el pretexto de la pandemia se está utilizando para impedir o coartar de forma inadmisible el legítimo ejercicio, entre otros, de aquel derecho que constituye uno de los pilares esenciales de toda democracia. Y por cierto, hablando de libertad para transmitir y recibir información veraz, puedo afirmar algo que veo y escucho cada tarde/noche y que para muchos medios no parece ser noticia: hay caceroladas, bastante sonoras buena parte de los días, al menos en algunos barrios de Toledo. Serán más o menos numerosas o mayoritarias, pero creo que no es difícil contrastar que su intensidad es suficiente como para que los medios reflejen ese ejercicio de la libertad de expresión y de protesta de los ciudadanos.
(Fuente de la imagen: https://diario16.com/libertad-2/)
Tendemos a creer que la fotografía guarda una relación directa y biunívoca con la verdad, de manera que constituye un mero reflejo de esta. Pero no es así. Nunca ha sido así, y no solo desde que existe Photoshop. La relación entre fotografía y verdad es un tema recurrente y siempre presente entre los interesados en esta materia. Entre nosotros, son ya casi clásicos los trabajos de Joan Fontcuberta. Y esa relación es también particularmente intensa con lo que se solemos llamar “postverdad”: nada hay más eficaz para transmitir una idea fuerte con la que muchos empatizarán con entusiasmo, que ofrecer una imagen convenientemente “orientada” en su toma, edición o contexto. Pero, de todos modos, si la fotografía es técnicamente la captación, plasmación y “congelación” de una imagen (luz) en un soporte (negativo, papel, un sensor, un archivo…) cabría esperar que guarde cierta relación con la realidad. Por eso es frecuente entre los fotógrafos el debate sobre la conveniencia de establecer límites posibles a cualquier labor de creación y edición fotográfica. Yo creo que para responder a esta cuestión hay que distinguir: en la creación artística me parece que no debe haber esos límites, o al menos han de ser enormemente flexibles: por ejemplo, cabe toda manipulación, siempre que se advierta, explícita o implícitamente, que esta existe. Pero en la utilización de la imagen con fines informativos, sí tiene que haber límites claros en cuanto a que esta foto cumpla su función, tratando de no alterar la realidad. El problema es que, aunque esto excluiría lo que puede denominarse “manipulación”, nunca se puede evitar la subjetividad del autor. Todos sabemos que, sobre el mismo objeto y en el mismo momento y situación, cada una de las personas de un grupo captará una foto siempre diferente. Ya la mera elección del objetivo es ya una elección subjetiva, si se me permite el juego de palabras. 
En los últimos días hemos encontrado algunos claros ejemplos de lo que digo. En primer lugar, una toma de la gente en una playa de Barcelona, en los primeros días en que se permite la salida, ha generado cierta polémica, pues la utilización de un teleobjetivo y una concreta perspectiva hacía que transmitiera una impresión de intensa cercanía entre las personas, que aparentemente quedaba desmentida con una toma cenital que mostraba las distancias “reales”. Pero en realidad el autor no alteró ni manipuló nada, simplemente captó la toma con un “objetivo” determinado -valga el doble sentido del término-. Poco después, un diario nacional ilustraba una entrevista a Isabel Díaz Ayuso con varias fotos que han generado gran cantidad de comentarios y críticas, porque aparentemente también transmiten una imagen de luto o duelo que algunos han imputado a determinadas intenciones de la modelo. Pero no, aunque la captación de la imagen de una persona depende de la idea y la voluntad de esta, y del autor, es este último quien domina la creación y el mensaje subyacente a esta. No hay ninguna manipulación en ninguno de los dos ejemplos, pero sería ingenuo ignorar que ambos responden, en su captación y en su edición, a una finalidad determinada: transmitir un mensaje, o al menos, una concreta visión de la realidad. Y esta visión solo puede ser subjetiva. Desde el punto de vista de la captación de la realidad, nada hay que objetar a estos fotógrafos (ni a los medios que transmiten estas imágenes, aunque en el segundo caso la entrevista se encabeza con un titular que sin duda busca también una finalidad muy concreta). Seguramente, tampoco hay nada que objetar a Goya cuando pintó “La familia de Carlos IV”, pero intuyo que más de uno de los retratados quedarían algo “mosqueados”…
