República.com (y II)
Los riesgos visibles del actual
panorama del debate público en Internet son como mínimo dos: la radicalización
de las personas que consumen solo contenidos informativos acordes con sus previas
ideas o concepciones, y la proliferación de informaciones falsas o no
contrastadas. Pero a todo problema hay que buscar soluciones, y creo que cabe
apuntar algunas líneas de actuación que podrían minimizar el impacto de estos
riesgos. Porque lo primero que cabe destacar es que, desde luego, Internet no
es ni puede ser un “far west” que quede fuera del control jurídico. Bien es
verdad que, hasta ahora, los intentos de regulación han sido tímidos, pues es
obvio que todos ellos consisten en definitiva en limitar lo más valioso de este
medio, que es como ya apunté una libertad de expresión e información más
accesible que nunca en la historia, y no solo desde el punto de vista de los
emisores, sino también de los receptores. Pero esta regulación, que implicará
límites admisibles y razonables (esto es, proporcionados y congruentes con una
finalidad legítima), resulta necesaria, y en esta línea se ha ido avanzando,
con normas específicas en diversos sectores. Ello además de que, como es obvio,
las normas civiles, penales y administrativas generales son plenamente
aplicables a Internet, aunque a veces planteen dificultades concretas. Para
afrontarlas han surgido en los últimos años instituciones públicas que, con
mayor o menor amplitud, velan por la protección de los derechos de privacidad
en la red, como son las agencias de protección de datos.
Pero el derecho no todo lo puede, y
en este ámbito ello es particularmente cierto. Por eso quiero centrarme en
algunas otras medidas que convendría aplicar. En primer lugar, creo esencial la
adecuada formación de los usuarios, que permita una utilización más consciente,
responsable y crítica de las nuevas tecnologías. Las nuevas generaciones se
familiarizan casi a la vez con las papillas y con Internet, y desde pronto reciben
en los colegios formación específica en informática. Pero creo que poco se hace
para que, junto con la tecnología, aprendan criterios para llevar a cabo su uso
adecuado, tanto desde la perspectiva de la protección de su privacidad y sus
derechos, como de los criterios correctos para no lesionar los derechos de los
demás ni valores colectivos. A la vez que un niño aprende a subir fotos a
Facebook, debe aprender que no puede subir cualquier foto de cualquier amigo de
forma abierta; o a la vez que se aprende a compartir una noticia, debe aprender
que no puede compartirse cualquier noticia sin al menos una somera
contrastación. El segundo ámbito de actuación es, obviamente, el de los
administradores de las redes sociales o plataformas de internet. Ellos argumentan que no pueden (ni deben)
hacer un control previo de toda información o imagen, o de los miles de horas
de vídeo que cada minuto se suben a youtube; pero sí han de actuar, de forma
seria y contundente, comprobando inmediatamente cualquier denuncia y
sancionando, si procede, con una medida que a veces puede ser más temida que una
multa o sanción administrativa, como es el cerrar las cuentas que incumplen de
forma clara y reiterada la legalidad. Usuarios y administradores tienen así el
derecho y el deber de controlar las opiniones, informaciones e imágenes que se
emiten, y así el debate público será más sano y las redes contribuirán a su
apertura y democratización, superando los riesgos que ahora apreciamos, que
conducen a la radicalidad, al populismo, a la falta de veracidad y a riesgos
graves para la privacidad de las personas.
(Fuente de la imagen: http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/uso-internet-aumenta-dudas-voto_0_284171675.html)
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