jueves, 10 de febrero de 2022

El Parlamento en la encrucijada

 

El Parlamento en la encrucijada

 


            Llevo décadas dedicado a estos temas, y desde que era estudiante (y eso sucedió desde luego en el siglo pasado) se habla de crisis de la institución parlamentaria. Pero que esta sobreviva de momento no quiere decir que lo haga eternamente, e incluso diría que el mero hecho de que “sobreviva”, es decir, que subsista de un modo meramente formal, no es garantía de que juegue el papel central que está llamado a desempeñar en un Estado democrático. Por poner un ejemplo, todos los gobiernos han abusado de los decretos-leyes, pero cada uno algo más que el anterior, hasta que la situación ha sido tan alarmante que el Tribunal Constitucional, originalmente muy permisivo con el margen de valoración del Gobierno en el uso de este instrumento, ha tenido que ir cuando menos matizando su doctrina. Y precisamente en el proceso de convalidación de un decreto-ley se produjo hace días esa insólita votación en el Congreso que todos conocemos, y que probablemente va a ser causa de un embrollo jurídico no menudo. No puedo aquí profundizar en la cuestión, pero creo que, error informático o error humano (y todo apunta a que fue lo segundo) las cosas no se hicieron bien, pues como han señalado algunos expertos, de acuerdo con la resolución de la Mesa que regula la cuestión, la posibilidad de cambiar la modalidad del voto, una vez emitido voto electrónico, por uno presencial, existe antes de que se lleve a cabo la votación, y solo podría ser denegada por la propia Mesa, sin duda alguna de forma motivada, y eso es algo que no sucedió. Por añadidura, no deja de resultar un tanto absurda y contraria al sentido común la aprobación de una decisión que inequívocamente es contraria a la voluntad de la cámara. Otra cosa es lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, sobre todo si tiene en cuenta las eventuales consecuencias de una estimación de un amparo, que deberían, en buena lógica, afectar a la validez de la ley (sería un vicio esencial de procedimiento), pero que para ello tendrían que aplicarse fórmulas un tanto “forzadas” porque en este caso la ley no sería causa sino consecuencia de la violación del derecho fundamental… La “autocuestión” de inconstitucionalidad sería una opción dudosa por este motivo, y a través del amparo no se puede, directamente, declarar inconstitucional una norma con rango de ley. Pero siempre cabría la opción de un recurso directo de inconstitucionalidad basado en ese vicio procedimental, o incluso de alguna cuestión en el futuro.

            Con todo, quiero detenerme ahora en otros aspectos importantes que también se ejemplifican bastante bien en esa votación. En primer lugar, la misma regulación aplicable al voto electrónico, pensada en su día en supuestos excepcionalísimos, amenaza a la esencia misma del sentido de las funciones parlamentarias si tiende, como parece, a utilizarse de forma mucho más amplia. Y es que carece de todo sentido que un voto se deba emitir antes incluso de que comience el debate sobre esa cuestión en la propia sede parlamentaria. El parlamento es esencialmente ese debate, no meramente pulsar sí o no según le indican al parlamentario antes incluso de escuchar los argumentos propios y ajenos… Y por otro lado, me parece fuera de lugar la desaforada crítica a otros dos diputados que incumplieron en su voto el mandato recibido de su partido. El asunto es polémico y quizá otro día vuelva sobre la cuestión, pero cabe decir que negar la mera posibilidad de que el diputado individual se separe de su grupo es justificar un mandato imperativo que ni siquiera procede de los electores, sino de las cúpulas de los partidos. Y eso terminaría por hacer innecesario que cada Grupo tenga varios diputados, bastaría un portavoz con voto ponderado…   

jueves, 3 de febrero de 2022

Objetividad... y justicia

Objetividad… y justicia



 

            Cualquiera puede comprender que los profesores somos, por esencia, uno de los colectivos que estamos llamados a valorar y evaluar cotidianamente a otras personas: exámenes, trabajos, evaluación continua, tribunales de todo tipo de trabajos. Pero quizá sea menos conocido en la sociedad el hecho de que también somos, probablemente, uno de los colectivos más evaluados, y específicamente en el ámbito universitario: varias acreditaciones en la vida académica, los propios tribunales a los que hemos de acudir periódicamente (tesis, acceso a las diversas categorías de profesorado, calidad de la docencia, sexenios… convierten la evaluación del profesorado universitario en algo permanente). En ambas vertientes, si tuviera que resumir con una sola idea la evolución que han experimentado estos procesos durante los últimos tres o cuatro decenios, esta sería la tendencia a la objetivación de la evaluación. Cualquiera puede pensar que esta tendencia es positiva, pero, si se mira más despacio, creo que la “valoración de la evaluación” que actualmente hacemos (¡y padecemos!) ni mucho menos es tan favorable. Primero, porque la objetividad tiene sentido si sirve para garantizar una evaluación más justa, pero no siempre es así. Por poner un ejemplo extremo -al que todavía no hemos llegado- adjudicar los sobresalientes, o los aprobados, o las plazas de catedrático o lo que sea, por sorteo, sería un método indudablemente objetivo, ya que no deja ni un resquicio a la apreciación subjetiva o discrecional de los evaluadores; pero todos convendríamos en que sería tremendamente injusto. Por la misma razón, un cierto margen de subjetividad no es negativo, sino que puede resultar incluso conveniente o favorable si contribuye a obtener la solución más justa.    

            Porque sin llegar al extremo mencionado, si vivimos cotidianamente situaciones en las que a los profesores no se nos valora por la calidad, originalidad o interés de nuestra obra, sino teniendo en cuenta el número de páginas que esta tiene, y sobre todo el lugar que ocupa la revista o la editorial que la ha publicado en algunos concretos ránquines que alguien considera como únicos admisibles, pasando este criterio a resultar absolutamente preponderante. En cuanto a la evaluación de los alumnos, cada vez más consiste en medias aritméticas obtenidas en hojas de cálculo, respecto a una serie de actividades varias y datos aparentemente objetivables, que a veces se relacionan más con su actitud que con su aptitud. Y así es como hemos llegado a una especie de evaluación “al peso” que, en términos generales y desde la perspectiva de la justicia, no me parece mejor que la que practicábamos hace décadas. Y no niego en absoluto que pudieran producirse algunos excesos o incluso “cacicadas”, pero en general el margen de discrecionalidad -y sí, también de subjetividad- resultaba favorable. Sin ese margen, por ejemplo, la cruel aritmética puede provocar un suspenso con un 4,9, pero no conozco a ningún profesor que, si tiene que valorar globalmente el rendimiento de un alumnos teniendo en cuenta todos los factores, sin llevar a cabo complejas medias aritméticas, sea tan preciso -¡y tenga tan “mala leche”!- como para decantarse por ese resultado… Una vez más, erramos al creer que el software, el algoritmo o cualquier otro sistema contrastadamente objetivo son superiores a nosotros, ya que les faltan algunas de las más importantes cualidades humanas: empatía, sensibilidad, equidad y, en resumen, la capacidad para determinar la solución justa caso por caso. Por este camino, pronto los jueces también serán innecesarios, ya que nuestros conflictos serán resueltos por complejos algoritmos…


(Fuente de las imágenes: https://frases-para-fotos.com/cita/5141/ y http://peporespuestas.blogspot.com/2010/07/la-subjetividad-objetividad-de-la.html )

jueves, 27 de enero de 2022

Enseñar la Constitución, educar en democracia

Enseñar la Constitución, educar en democracia

 


            Hace muchos años que algunos colegas venimos insistiendo en que la verdadera clave para afrontar gran parte de los retos importantes de nuestras sociedades está en la educación. Es verdad que, como siempre digo, ningún ordenamiento ni ningún Estado se pueden sostener sin el recurso a la imposición coactiva de las normas; pero no es menos cierto que tampoco perdurarán si solo utilizan ese recurso a la coacción. Y ahí es donde la enseñanza de lo que podemos llamar “valores constitucionales” juega un papel esencial. En realidad, esta enseñanza es, más propiamente, educación, porque no se trata meramente de ofrecer conocimientos, sino de inculcar esos valores. Algo que, por lo demás, no es opcional, porque es un imperativo que, además, podemos encontrar no solo en el artículo 27.2 de nuestra norma fundamental, sino también, incluso de forma más amplia, en el artículo 13.1 del pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aunque, por supuesto, este mandato debe hacerse compatible con otros principios y derechos reconocidos en los mismos textos, sobre todo los derechos de los padres a escoger para sus hijos el tipo de educación y la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones. Y ello implica la exigencia de que esta educación en valores no puede convertirse en una forma de adoctrinamiento, sobre todo si ese adoctrinamiento ignora que la libertad y el pluralismo son también valores, y trata de imponer, particularmente en temas socialmente controvertidos, una única visión o enfoque.

            No me gusta usar este espacio para comentar proyectos o libros en los que he tenido parte, pero todo tiene sus excepciones, y creo que la más justificada se produce en casos como este, en los que resulta indudable la relevancia e implicación social de nuestras preocupaciones como investigadores. El caso es que desde hace años vengo, junto a mi colega Carlos Vidal Prado, codirigiendo un proyecto que ha abordado esta temática, participando en la formación de profesores de niveles preuniversitarios, y analizando la situación en España, donde hemos encontrado indudables déficits, que en parte han venido generados, al menos hasta ahora, por la casi total ausencia de contenidos comunes, lo que ha dejado la cuestión en manos de las Comunidades Autónomas, con diversidad de criterios, y tendencia al absurdo de ofrecer este tipo de enseñanzas como alternativa a la religión. Veremos cómo evoluciona este tema, de momento acabamos de publicar uno de los resultados de este proyecto en una monografía que aborda estas y otras cuestiones, no solo desde la perspectiva española, sino también comparada. 

jueves, 20 de enero de 2022

No mires arriba

 

El Miradero                                                                         F. Javier Díaz Revorio

 

No mires arriba

 


            Hace tiempo que no traigo comentarios de cine a este espacio, quizá influya la pereza para ir a las salas con la pandemia, y mi poca afición a los estrenos de las plataformas, que pocas veces me llaman la atención, quizá porque estas están centradas más en series adictivas e interminables que, aun cuando pudieran tener inicialmente algún interés, terminan agotándome y haciéndome pensar en cuántas cosas más positivas podría estar haciendo en esas horas. Pero siempre hay excepciones, y me parece que “No mires arriba” es una de ellas. Una película que está siendo muy comentada en las últimas semanas, aunque verdaderamente no todas las opiniones son muy favorables. A mí, la verdad, me encantó. Sobre todo porque, sin dejar de ser una comedia, no deja de ser una radiografía bastante descarnada de nuestra sociedad, pero que, para ser sincero, no me parece nada exagerada. Aparecen todos los ingredientes fundamentales que sin duda nos resultarán bastante familiares: hipersaturación de información, dificultad para conocer la verdad, superficialidad y banalidad de los líderes políticos, de los análisis de los medios de comunicación y, cómo no, de la sociedad en su conjunto; ya que, no nos engañemos, aquellos no dejan de ser, casi siempre, reflejo del conjunto de la sociedad, con la que mantienen una doble relación de efecto y causa, en un bucle que se retroalimenta.

El caso es que la película plantea un caso hipotético pero no descartable (el impacto de un meteorito que puede causar el fin de nuestro planeta) como pretexto para mostrar una sociedad más interesada en la imagen, en el impacto inmediato o en el seguimiento de consignas y eslóganes que no resistirían una crítica mínimamente rigurosa (“no mires arriba!”), que en la información veraz y rigurosa y en el debate serio de los temas, todo ello en el contexto de lo que algunos han denominado el “capitalismo de la atención” en el que, en efecto, el bien más valioso son unos segundos de atención del consumidor/usuario/cliente/espectador, y también de un “capitalismo de la vigilancia” en el que quienes más saben de lo más profundo de nosotros mismos son… los algoritmos de las redes sociales. En resumen, todo resulta bastante ridículo, pero nada me parece muy exagerado. En este contexto, podría parecer una especie de “comedia pesimista” pero más bien sucede que, simplemente, desnuda a nuestras sociedades: con más información que nunca, pero no por ello más informadas ni reflexivos, sino más bien ignorantes, superficiales, cándidas e intolerantes a la crítica y la adversidad. Lo demás… es una consecuencia nunca descartable. Solo me queda añadir que el excelente trabajo de DiCaprio, Jennifer Lawrence y Mery Streep, y todo el excelente plantel de actores a las órdenes de Adam McKay, contribuye de forma notoria al interés y valor de la película. 

           (Fuente de la imagen: https://www.filmaffinity.com/es/film521393.html )

jueves, 13 de enero de 2022

Familias multiespecie

 

Familias multiespecie

 



            La reciente entrada en vigor de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, que lleva a cabo diversas reformas legales en  el régimen jurídico de los animales, supone el primer paso en un cambio de paradigma que resultaba ya necesario y urgente, como es el de la consideración de los animales no como meros objetos susceptibles de apropiación, sino como “seres vivos dotados de sensibilidad”, que es, a todas luces, lo que realmente son, al igual que nosotros, los seres humanos, que no dejamos de ser otra especie animal. Ya dediqué uno de estos comentarios a ese concepto, que obviamente tendrá consecuencias más o menos intensas sobre los diversos tipos de especies animales, porque en el mundo del derecho son muchos los principios que hay que considerar, entre otros la diversa relación de los animales con los humanos, las consecuencias que su desarrollo puede implicar, o su distinto valor desde la perspectiva de preservación de las especies y del medio ambiente. Dicho esto, creo que esta es la línea, y hay ya textos de lo que pueden ser futuras reformas legales que pueden ir más allá, como el Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales que, con independencia de la mayor o menor adecuación de la utilización del término “derechos” -que por muchas razones solo en sentido figurado sería aplicable a los animales- puede suponer avances significativos.


 

            Desde luego, este necesario cambio de consideración implicará diversas modificaciones, que conllevarán para los seres humanos nuevos derechos y obligaciones, así como cambios que van más allá del ámbito estricto de los animales. Así, por ejemplo, desde hace tiempo algún tiempo se viene hablando de “familias multiespecie” que serían aquellas que engloban a humanos y a animales de compañía. A quien le parezca exagerada la idea, que piense que, por ejemplo, el nombre científico del perro ha sido siempre “canis familiaris”, aunque ahora incluso se dice que es “canis lupus familiaris”, una buena prueba de que muchas veces en el mundo de los seres vivos la capacidad de adaptación supera a la fuerza de los genes… Y es que la consideración de algunos familiares como miembros de la familia es una realidad en muchos casos, lo cual no significa ni que tengan los mismos derechos que los humanos, ni que yo vaya a pedir me dejen entrar con mi caballo -si lo tuviera- al restaurante, pero sí que creo que en este país muchas cosas deben cambiar para que tanto los poderes públicos como otros ciudadanos acepten las consecuencias de esta idea “natural” de la consideración familiar de ciertos animales…

lunes, 27 de diciembre de 2021

Más sobre vacunas

Más sobre vacunas

 


            Demasiadas veces nos gusta “flagelarnos” colectivamente, es decir, dedicarnos a la autocrítica inmisericorde con el presupuesto de una baja autoestima colectiva. Pero creo que en el proceso de vacunación del Covid podemos sentirnos orgullosos, en términos generales, con la actitud que los españoles hemos mantenido como población y como sociedad. Nuestros porcentajes de vacunación voluntaria están entre los más altos de los países de nuestro entorno, y eso ha ayudado, sin duda, a que nuestras tasas de incidencia hayan resultado razonablemente bajas en los últimos meses. En realidad, el interesante debate sobre la eventual obligatoriedad de la vacunación ha sido en España básicamente teórico, dado que con esta actitud de la población, y dicho siempre en términos colectivos, ha faltado el primer presupuesto que podría justificar esa obligatoriedad, que es el de la necesidad de establecer legalmente tal obligación. No todo el que no se vacuna es un “negacionista”, y la decisión de no vacunarse, se base en los motivos en los que se base, tiene “prima facie” la aureola de un acto de libertad individual, que por supuesto debe decaer cuando hay otros motivos o principios que así lo justifiquen… pero no se ha llegado a dar ese caso, dado que gracias a la vacunación masiva se ha podido alcanzar la llamada “inmunidad de rebaño”, o al menos una situación próxima, durante algún tiempo, aunque, por desgracia, ahora la situación está cambiando, porque la eficacia temporal de la vacuna, no siendo muy conocida, es sin duda limitada.

 

            En todo caso, lo anterior no nos dice nada sobre si los poderes públicos han gestionado correctamente el proceso. Eso implica, en primer lugar, el suministro de las dosis necesarias de vacuna, lo que en cierta medida depende de factores externos y globales; en todo caso, ese suministro es algo que, seguramente con cierto retraso, hemos tenido finalmente. Pero luego está el proceso de vacunación en sí, que forma parte de la gestión de la sanidad, y por eso ha recaído principalmente en cada Comunidad Autónoma. Por eso la situación ha podido variar, pero creo que el proceso ha sido y es mejorable, y sobre todo la realidad, al menos la más cercana, está algo lejos de la imagen triunfalista que algunos responsables quieren dar. Por supuesto, no puedo aportar datos globales, pero tampoco hablo de referencias, sino de bastantes ejemplos bien conocidos, muy cercanos, e incluso personales, cuando digo que ha habido demasiada confusión, a veces un cierto caos. Algunos centros no contestan al teléfono, las informaciones han sido confusas y cambiantes, la gestión se ha ido alterando sin previo aviso ni mayor información. Yo mismo, no sé si es por el “grave delito” de ser funcionario mutualista, fui llamado a la primera dosis en un centro, y a la de recordatorio en otro distinto, y en este último, después de ir y preguntar, y tratar de hablar telefónicamente, no recibí ninguna aclaración, y de momento sigo en espera -aunque me debería haber tocado hace un mes según los anuncios oficiales- porque me han dicho que no tienen vacunas y las esperan para dentro de una semana. Es solo una anécdota, pero no es que me haya “tocado la china”, sino que conozco de cerca muchos otros casos que muestran una gestión no precisamente brillante, de la que desde luego no tienen ninguna culpa los pobres profesionales implicados, en gran medida superados por una situación para la que quizá no estamos todo lo preparados que parece. 

( Fuente de la imagen: preguntas-frecuentes-vacunas-contra-covid-19)

viernes, 10 de diciembre de 2021

Constitución de 1931

 La Constitución de 1931

 


            Apenas tres días después de conmemorar los 43 años de nuestra vigente Constitución de 1978, llegamos a la fecha en la que la Constitución de la Segunda República cumple exactamente noventa. Ya escribí sobre la República hace unos meses, con motivo de las nueve décadas de su proclamación, y hace menos hemos conmemorado idéntico aniversario de la aprobación del sufragio femenino, un hito histórico de trascendencia incuestionable. Pero como anuncié, la Constitución merece un comentario especial, aunque la limitación del espacio me obligue a ser casi telegráfico. Conviene empezar por sus numerosas “luces”: estableció al fin un Estado laico, fue enormemente avanzada en el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales (aspecto en el que apenas tiene como precedentes la Constitución mexicana y la de Weimar), creo el Tribunal de Garantías Constitucionales, primer Tribunal Constitucional de nuestra historia y tercero del mundo, y ensayó un nuevo modelo de distribución territorial del poder, el llamado “Estado integral”, en realidad un Estado regional que sirvió como modelo dentro y fuera de nuestra fronteras. Todo ello además del sufragio universal masculino y femenino, que se haría efectivo en las elecciones de 1933. Los principios de libertad, igualdad y democracia se convertirán en los pilares principales del sistema.

            Desde luego, también hay que apuntar algunas “sombras” aunque en parte no se derivan solo de la Constitución, sino de su aplicación no siempre muy atinada. Así, junto al principio laico, la Constitución contenía un polémico y absolutamente innecesario artículo 26 que, suprimiendo implícitamente algunas órdenes religiosas, encendió la mecha del anticlericalismo. Tampoco el modelo regional funcionó correctamente ni sirvió para afrontar las tensiones centrífugas, sobre todo en Cataluña, y el tribunal Constitucional apenas pudo hacer nada en este y otros aspectos. El diseño del Ejecutivo dual propio de una República parlamentaria resultó confuso y generó dudas importantes que contribuyeron a la tensión entre poderes y al deterioro de la propia República con la controvertida destitución de Alcalá-Zamora en 1936. Y no digo nada del republicano en sí, porque si bien en su sentido sustantivo de reconocimiento de la ciudadanía y valores democráticos es incuestionable, la historia demuestra que se puede llegar al mismo resultado con una monarquía parlamentaria, que no es cualitativamente inferior en ningún aspecto. En realidad, y como ya he escrito, creo que en cualquiera de sus indudables aspectos positivos, la Constitución de 1931 es superada con creces por la de 1978. Ello no obsta a que resulte particularmente útil e importante, incluso para entender nuestra realidad actual, su estudio, como acaba de hacer una excelente obra coordinada por mis colegas Joan Oliver y Agustín Ruiz Robledo, en la que me honra haber participado. En suma: oportunidad de su conocimiento y estudio científico y objetivo, toda; nostalgia, ninguna. Lo que no quita para que 1931 esté, con otras fechas como 1812 o 1869, ubicado como momento clave en nuestra historia constitucional, esencial para reconocer (y en parte “construir”) nuestra identidad democrática. La diferencia es que esas fechas quedan en parte como el recuerdo de “lo que pudo ser y no fue”, a diferencia de 1978, que inaugura un régimen inequívocamente democrático y verdaderamente estable y duradero.


(Fuente de la imagen: https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1931 )