Ecologistas de tuit y mitin

Ecologistas de tuit y mitin

            A lo largo de mi vida, he podido ir comprobando cómo las diferencias que hace décadas nos separaban, en demasiados aspectos, de los países más avanzados de Europa, se han ido mitigando hasta desparecer en gran cantidad de ámbitos. Lamentablemente, creo que queda alguna que se resiste. Me refiero en concreto a los aspectos medioambientales, y en particular a la menor conciencia medioambiental que veo (siempre generalizando, con lo que ello pueda tener de injusto) en España, si nos comparamos con los países nórdicos y otros mucho más avanzados en esta materia. Nuestra Constitución protege el derecho de todos “a disfrutar del medio ambiente”, pero también el deber de conservarlo. Y nuestras leyes desarrollan razonablemente este mandato, pero… otra cosa es la conciencia medioambiental, en el sentido de la asunción profunda de ese deber, y de lo que cada uno ha de hacer para contribuir a esa preservación. Como exigir se nos da muy bien, y además las modas se extienden rápido, tenemos muchos “ecologistas de tuit”, y también de “pancarta y manifa”, siempre dispuestos a reclamar con contundencia a gobiernos y grandes empresas medidas que impidan o reviertan el cambio climático, la deforestación o la extinción de especies de seres vicios. Y eso está bien, pero no estoy seguro de que todas esas personas lleven a cabo en su vida pautas sencillas para contribuir a esa protección medioambiental. De lo contrario, nuestras calles y nuestros espacios naturales estarían mucho más limpios. Algunas de esas pautas requieren un mínimo conocimiento -por ejemplo, las relativas al reciclaje o al ahorro de papel-, pero otras son de una obviedad tan palmaria, que parece increíble que se incumplan de forma tan generalizada. Basta ver, por poner un ejemplo toledano, cómo queda el Valle, cada año, después de nuestra romería más importante. O sentir la vergüenza ajena de ver residuos plásticos de todo tipo en paisajes especialmente protegidos, e incluso en parques nacionales. Pero igualmente dañino es verlo en la calle o en el parque. El medio ambiente empieza en tu casa y en tu ciudad, pero muchos parecen ignorarlo. 

     Lamentablemente, no parece que nuestros partidos políticos o sus líderes sean mucho más coherentes. Les encanta hacer proclamas ecologistas, pero su actuación sigue dejando de lado prácticas elementales. Ahora que estamos en campaña, lo comprobamos especialmente. En plena era digital, nuestras calles se inundan de carteles físicos. Y mucho peor, nuestros buzones se saturan de ingentes cantidades de papel con cartas, sobres y papeletas, de los cuales, en el mejor de los casos, emplearemos uno, que podemos obtener fácilmente en la propia mesa electoral. El colmo son esos libros lujosamente encuadernados, que antes los gobiernos, y ahora al menos los partidos que han gobernado (pero que también se financian con el dinero de todos), editan y distribuyen para hacernos llegar los numerosos logros que han conseguido. Pues no es uno de ellos el predicar con el ejemplo prácticas respetuosas con el medio ambiente, considerando que gran parte de esos ejemplares que tanto papel y tinta han gastado, acabarán en la basura. Al menos, no olvidemos reciclarlos adecuadamente. Nuestros políticos son ecologistas de tuit… y de mitin, pero pocas veces de prácticas coherentes con lo que predican. 

(Fuente de las imágenes: https://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/plan-libera-limpiara-basura-espacios-naturales_1298779.html y https://elmira.es/09/03/2019/pasos-a-seguir-para-dejar-de-recibir-propaganda-electoral-al-buzon/)

El líder de la oposición

El líder de la oposición

            Jurídicamente, no hay en España nada parecido a un estatus de “líder de la oposición” o “jefe de la oposición”. Es verdad que el término se ha venido utilizando habitualmente desde nuestras primeras legislaturas constitucionales, pero ni la Constitución ni el Reglamento del Congreso perfilan ningún tipo de prerrogativa o facultad específica. Incluso cabe apuntar que el concepto de oposición puede admitir matices, pues si bien es cierto que el partido o partidos que conforman el Gobierno quedarían por definición fuera de este concepto, más dudoso sería si aquellos partidos que apoyaron la investidura del presidente pero no entran en el Gobierno son o no realmente oposición (lo cual puede depender de si hay o no un pacto de legislatura). En cualquier caso, la reglamentación y la costumbre conducen a un cierto orden en los debates importantes, que da prioridad  a los portavoces de la oposición, de mayor a menor representación, y finalmente el partido del Gobierno. Fuera de esto, lo de quién sea “oficialmente” el líder de la oposición no tiene mucha trascendencia jurídica, más allá del ámbito protocolario (el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, menciona al “Jefe de la Oposición” en el puesto 15 en los actos oficiales en la villa de Madrid, y en el puesto 16 en otros). Fraga Iribarne, quizá influido por el constitucionalismo británico, consiguió en su día un cierto reconocimiento formal como líder de la oposición a través de un acuerdo de la Mesa del Congreso, pero tampoco implicaba ninguna prerrogativa sustantiva.

            Llamaría la atención, por tanto, tanto debate para saber a quién debemos reconocer en la legislatura que va a nacer como “líder de la oposición”, mucho más cuando, en un sistema de cuasi atomización parlamentaria, tiende a diluirse incluso el mayor peso del principal grupo de la oposición sobre los demás. Pero quizá por eso, y por el innegable carácter simbólico que podría tener ese reconocimiento, la cuestión parece ser polémica por primera vez en cuatro décadas. Dicho lo anterior, y vista la casi nula significación jurídica de esta figura, lo único que es indudable es que, si alguien ha de ostentar este reconocimiento, ha de serlo, inequívocamente, el líder del grupo (excluido el o los que forman Gobierno) que tiene más escaños en el Congreso (y por cierto, también más votos, y también más escaños en el Senado). Lo que alguien ha crecido o descendido es absolutamente irrelevante a estos efectos, como no puede ser de otro modo. Quizá alguien se ha “venido arriba” o anda un tanto sobrerrevolucionado, pero sea lo que sea ser líder de la oposición, en este momento ese puesto le corresponde a Pablo Casado.  

(Fuente de las imágenes: https://www.las2orillas.co/verdadero-partido-oposicion/ y https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADder_de_la_oposición_(España))

Otra vez el sistema electoral

Otra vez el sistema electoral

            Cada uno cuenta la feria como le ha ido en ella, y después de cada proceso electoral, entre quienes no han ganado encontramos siempre dos tipos de actitudes: o tratar de minimizar el significado de la derrota, destacando lo positivo, el crecimiento de escaños o “el vaso medio lleno”, o tratar de explicar esa derrota, o su magnitud, por causas externas, entre las que el sistema electoral ocupa casi siempre el protagonismo. Es muy curioso como muchos que en su día lo criticaron, ahora han cambiado su objetivo, y así, quienes no hace tanto hicieron del lema “no nos representan” una especie de mantra que centraba todos los problemas en nuestro sistema electoral (y hace todavía menos llamaban a movilizarse frente a la actuación de un Parlamento recién elegido), ahora no ven problema alguno en él, sino que más bien centran sus críticas en el hecho de que los representantes -ahora sí, al parecer democráticamente elegidos- mandan menos que otros “poderosos”, en especial los banqueros y las empresas energéticas, que son hoy la causa de todas las injusticias y déficits de nuestro sistema. Pero, a cambio de eso, hoy son otros los que se quejan de los problemas de nuestro sistema electoral, señalando especialmente dos efectos que produce: penaliza la dispersión del voto entre diversos partidos que más o menos pueden compartir una amplia franja ideológica; y penaliza también a los partidos minoritarios que reparten sus votos de forma más o menos homogénea en todo el territorio nacional, “perdiendo” de algún modo una parte significativa de los sufragios.

            Ya he escrito sobre este tema en varias ocasiones en este mismo espacio (por lo demás, poco adecuado para reflexiones profundas), y no me gusta repetirme, pero sé que parte de mis lectores esperan mi comentario objetivo sobre esta cuestión. Lo haré sintéticamente, diciendo solo tres ideas: 1) la queja tiene fundamento, pues es cierto que nuestro sistema (no tanto la regla D´Hondt, sino sobre todo su combinación con el tipo de circunscripciones que tenemos en el Congreso) produce esos efectos, que en este caso han hecho que cada escaño haya “costado” muchos más votos a Vox o Podemos (pero también a Compromís) que al PSOE (pero también le ha salido “barato” a Navarra Suma, al Partido Regionalista de Cantabria, Bildu o el PNV). 2) Es verdad que esto se sabe desde siempre, y no se cambia nunca, y ello obedece a que los que más votos obtienen en toda España, siempre salen beneficiados, y la mayoría de los nacionalistas también, con lo cual los que podrían impulsar el cambio pierden interés en hacerlo. También son perfectamente conocidas diversas alternativas que darían resultados mucho más proporcionales, desde la circunscripción única (o al menos una circunscripción autonómica) hasta sistemas con doble lista. En todo caso, el otro efecto -la penalización de la dispersión del voto- también se puede evitar, o al menos mitigar, si las fuerzas más afectadas se hubieran presentado en coalición preelectoral, y esto era perfectamente conocido. Normalmente, cuando esta unión no se produce, tienden a hacerla los electores con el tiempo, como parece que está empezando a pasar en el arco de la izquierda. 3) Las legítimas críticas al sistema, nunca pueden desembocar en un intento de deslegitimarlo. Primero, el sistema refleja las reglas que todos nos hemos dado. Segundo, es perfectamente equiparable a muchos otros de nuestro entorno. Tercero, a la larga ha demostrado su eficacia, pues sin cambio ninguno, ha permitido desde el bipartidismo imperfecto hasta la atomización actual, y desde luego la alternancia razonable. Después de todo, no será tan malo…

(Fuente de las imágenes: https://www.europapress.es/nacional/noticia-resultados-elecciones-generales-2019-oficiales-20190428200117.html

 http://www.rtve.es/noticias/20190429/cuantos-votos-costado-escano-cada-partido/1929603.shtml

https://www.abc.es/elecciones/elecciones-generales/abci-derecha-habria-logrado-mayoria-absoluta-si-hubiera-estado-unida-201904291102_noticia.html ) 

Metadebates

Metadebates

            Si bien en todas las campañas electorales la cuestión de los debates entre los candidatos ocupa una importancia destacada, quizá en esta la cosa ha llegado al extremo de que casi han tenido más protagonismo lo que podríamos denominar “debates sobre los debates”, que los debates finalmente celebrados. Hemos visto cómo ha habido polémica sobre la propia necesidad de celebrar debates, y sobre quiénes deberían participar en ellos. Al final, una extraña combinación de factores, empezando por la ley electoral y la interpretación llevada a cabo por la Junta Electoral Central, y siguiendo por la actitud de inicial del candidato que actualmente preside el Gobierno, empeñado en principio en celebrar solo un “debate a cinco”, y la posición de televisiones públicas y privadas, han dado un resultado que, comprensiblemente, resulta sorprendente y llamativo: dos debates entre los cabezas de lista, ambos integrados por los mismos cuatro candidatos, y celebrados en días consecutivos. Y, sin embargo, ningún “cara a cara”, ni tampoco debates más amplios entre “primeras espadas” -si se me permite la expresión-, que hubieran incluido a otras fuerzas con representación parlamentaria, e incluso a aquella a la que todas las encuestas pronostican una muy destacada representación en el Congreso a nivel nacional, como es el caso de Vox. 

            Vaya por delante que la Junta Electoral, que ha hecho desde hace décadas una labor muy positiva en el desarrollo, interpretación y aplicación de la normativa electoral, se ha limitado una vez más a interpretar la ley y aplicar sus propios precedentes (cabe recordar que en anteriores elecciones generales Ciudadanos y Podemos sí participaron en estos debates porque, aunque no tenían previa representación en el Congreso, sí la habían obtenido en elecciones anteriores del mismo ámbito territorial, como son las europeas). Además, el criterio de la Junta no implicaba rotundamente la exclusión de Vox, sino la imposibilidad de que participase si quedaban excluidas otras fuerzas que sí tienen representación parlamentaria (que fueron las que recurrieron a la Junta). Con todo, creo que el resultado resulta demasiado cerrado y un tanto contraproducente, cuando todo el mundo puede entender como manifiesta la irrupción de una quinta fuerza de ámbito nacional, aunque hasta ahora solo contrastada en resultados electorales autonómicos. Una interpretación más flexible podría haber adaptado el criterio a la situación actual, que carece de precedentes que reproduzcan todos los parámetros. Creo que, sin magnificar la trascendencia de los debates electorales, son un elemento cada vez más importante para la información del electorado, y requerirían, como otros aspectos de la LOREG (pienso por ejemplo en la nunca muy bien justificada prohibición de publicar encuestas en los últimos cinco días de campaña) una regulación más actualizada, que asegure la celebración de debates en distintos formatos: como mínimo un “cara a cara” (aunque nuestro modelo es parlamentario y nuestro sistema cada vez más multipartidista, no hay que olvidar que, indirectamente, estamos eligiendo Gobierno, y todos los votantes piensan en ello de algún modo al depositar su voto); otro con todas las fuerzas representativas a nivel nacional, y otros que incluyan a la totalidad de las fuerzas con representación parlamentaria. El resultado de dos debates idénticos, en los que los excluidos (Vox y los nacionalistas catalanes y vascos) han resultado ser principales protagonistas, y además serán probablemente la llave de las posibles combinaciones de Gobierno tras las elecciones, es cuando menos absurdo. Y en fin, yo no sé si esta exclusión perjudica o beneficia a dichos partidos, pero creo que imponer la proporcionalidad en contra del pluralismo no es la mejor solución. Y creo, sobre todo, que la mejor manera de evitar los extremismos, las posiciones radicales, y aquellas que apelan más a sentimientos e instintos que a la razón, no es excluirlas de los debates públicos, sino más bien someter en esos foros sus ideas y propuestas a un mínimo contraste y crítica. A pesar de importantes reformas como la de 2011, la LOREG necesita a mi juicio una nueva adaptación al tipo y formato de campaña que hoy realmente es importante. 

(Fuente de la imagen: https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2019/04/23/5cbf5c3fca4741da598b457e.html )

Religión y política

Religión y política

            La inusual coincidencia de la Semana Santa con la campaña electoral (en su sentido más estricto) de las elecciones generales me ofrece un pretexto, tan válido como cualquier otro, para reflexionar brevemente sobre las relaciones entre religión y política. Si pensamos en la historia de occidente, encontramos que en la antigüedad, por ejemplo en Roma, poco a poco el derecho y la política se fueron desvinculando de su sentido religioso, que originariamente poseían casi todos los preceptos. En la Edad Media, mientras el poder político se caracterizaba por la dispersión propia del feudalismo, el poder religioso o espiritual se concentraba en el Papa, que sin perjuicio de actuar durante todos los siglos posteriores como un jefe de Estado más, con sus propios intereses políticos, suponía un elemento de unión entre todos los reinos cristianos, y en cierta medida un suprapoder. Eso se rompe en parte en la Edad Moderna, ya que con la reforma protestante se implanta el principio “cuius regio, eius religio”, que si por un lado suponía la ruptura de la unidad religiosa anterior, por otro lado significó la unidad, en cada naciente Estado, entre poder político y poder religioso. Ello se muestra claramente en algunos Estados de la reforma, en los que el rey pasaba a ser la cabeza de la Iglesia (el caso de la Iglesia anglicana, que se mantiene hasta hoy aunque con efectos meramente formales, es paradigmático). Pero todo Estado moderno buscó en una unidad religiosa uno de sus ingredientes o pilares fundamentales, y en este contexto se entiende, por ejemplo, la expulsión de los judíos por parte de los Reyes Católicos, tan criticable por muchos otros motivos (y sobre todo a la luz de nuestros ojos actuales). Así como tantas guerras con un trasfondo religioso.

            Por contraste con la etapa anterior, la Edad Contemporánea se abre con la Revolución Francesa, uno de cuyos objetivos fue la radical separación entre el poder político y el religioso, y en particular entre el Estado y la Iglesia católica. Este avance, sin embargo, no se logró implantar sin dificultades, ni de forma inmediata, ni en todos los lugares por igual. Hoy, una de las características esenciales del Estado democrático es el reconocimiento de una plena libertad religiosa, lo que implica un pluralismo religioso en nuestras sociedades. Este es un principio irrenunciable, cuya implantación y reconocimiento no puede someterse al juego de las mayorías. Ello es compatible, sin duda, con la cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas, o incluso, como dice nuestra Constitución, con el deber de los poderes públicos de “tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española”. También es compatible, por supuesto, con que las personas valoren, a la hora de elegir a sus representantes, sus programas en materia de relación con las confesiones religiosas, o en los más variados temas que puedan tener conexión con cuestiones que, no siendo solo religiosas, sino también morales, políticas y sociales, tengan esa dimensión espiritual. Por lo demás, y como parte de esa separación, ni las confesiones religiosas deberían intentar “orientar” el voto de sus fieles, ni el poder público puede pretender que los líderes religiosos, o los propios creyentes, no expresen su opinión ante aquellos temas que consideren “sensibles” desde la perspectiva de sus creencias. En fin, siendo tantas estas cuestiones, no creo que ningún partido pueda (ni deba) presentarse como el más próximo a los principios o creencias de determinada confesión religiosa, intentando así “monopolizar” el voto de sus creyentes y forzar una identificación inexistente. Que yo sepa, y por fortuna, ninguna confesión pide el voto a un partido determinado, y así debe ser, por las razones ya expuestas.  

(Fuente de la imagen: https://sentiido.com/la-mezcla-entre-religion-y-politica-inevitable/)

¿Constitución-programa?

¿Constitución-programa?

            Es llamativa (y nada positiva) una cierta tendencia a la apropiación de la Constitución que advertimos en algunos líderes políticos. Algunos se denominan a sí mismos “constitucionalistas” y excluyen a los demás de ese colectivo. Saber si eso tiene sentido requeriría precisar el sentido del término con mucho más rigor del que se tiene. Y desde luego, no creo que sea procedente negar ese calificativo a quienes quieren modificar la Constitución por las vías que la propia norma fundamental establece, aunque cabría pensar que, si se trata de alterar alguno de sus valores superiores o principios fundamentales, o de modificar el sujeto de la soberanía nacional, el resultado sería ya “otra Constitución”, y quienes lo pretenden ya no serían, al menos en cierto sentido, “constitucionalistas”. Pero, al margen de este ejemplo, hemos apreciado recientemente otra actitud de apropiación en otros líderes políticos, que han presentado su programa con una evidente identificación entre este y la Constitución, tanto en el formato visual del propio programa, como en determinados contenidos o propuestas, que suponen una exigencia de aplicación de determinados preceptos constitucionales. Con ello dan a entender que la aplicación de la Constitución pasa necesariamente por la ejecución de su programa. Parecería un avance para quienes hasta ahora se han centrado en el objetivo de desmantelar el “régimen del 78”. Pero…

            Esa presentación me ha recordado la clasificación que suele hacerse, entre las “Constituciones marco” y las “Constituciones programa”, y el debate sobre en qué medida una norma fundamental debe limitarse a establecer los límites de la actuación de los poderes públicos (marco) o debe centrarse en el establecimiento de mandatos de actuación positiva, encaminados al logro de determinados objetivos. Hoy, desde luego, toda Constitución contiene este tipo de mandatos, pero en mi opinión no sería bueno que la Constitución se convierta en un programa cerrado que impida el juego de las distintas opciones políticas en los poderes legislativo y ejecutivo, que son quienes principalmente asumen la función de orientación política. Cabe añadir que difícilmente cabría interpretar la Constitución de 1978 en este sentido, dado que el pluralismo político, valor superior del ordenamiento según el artículo 1.1, se vería dañado si la Constitución coincidiera con el programa de un solo partido político o una ideología determinada. Por lo demás, es verdad que nuestra Constitución contiene mandatos no suficientemente cumplidos o logros no alcanzados, pero es porque ha recurrido en ocasiones a “normas programáticas”, que suponen objetivos que requieren una actuación constante y gradual, y nunca se acaban de alcanzar completamente. En fin, el peor defecto que entrañaría una “lectura” unidimensional de la Constitución es ignorar que esta se tiene que interpretar como un todo, ponderando los principios que pueden entrar en cierta tensión. Por ejemplo, es verdad que la Constitución impone una política orientada al pleno empleo, reconoce el derecho al trabajo y a una vivienda digna, e incluso subordina toda la riqueza al interés general, llegando a imponer que se facilite el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción; pero también establece la propiedad privada, la herencia, la libertad de empresa y el marco de la economía de mercado, así como la libertad como valor superior y el libre desarrollo de la personalidad. Por cierto, no tendría sentido (por redundante) imponer una política orientada al pleno empleo si el mero reconocimiento del derecho y el deber de trabajar implicase, per se, ese pleno empleo. Lo importante es tener presente que no tiene sentido el logro de unos objetivos que se consigue con el sacrificio de otros. Y aunque es obvio que cada opción política puede poner un mayor énfasis en determinados objetivos, nunca puede ignorar los demás. Y sobre todo, tratar de identificar la Constitución con los objetivos o programas específicos de una fuerza política, ignorando otros que le parecen preocupar menos a esa misma fuerza, es negar el pluralismo consustancial a la norma fundamental, y la necesaria ponderación entre principios que se requiere para “optimizar” cada uno de ellos sin sacrificar ninguno de los que puedan situarse en frente. 

(Fuente de la imagen: https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/04/08/podemos_presenta_programa_forma_constitucion_para_reivindicar_los_articulos_que_no_aplican_93769_1012.html )

80 años del exilio

Ochenta años del exilio

            El pasado 1 de abril se han cumplido ocho décadas desde el final de la guerra civil española, y al tiempo, del inicio de un largo exilio de intelectuales al extranjero (aunque en realidad, en algunos casos dicho exilio ya había comenzado antes). Ochenta años debería ser tiempo suficiente para que un acontecimiento reciente pase de estar todavía de algún modo “enganchado” al presente, a ser un hecho histórico, al que quepa acercarse con el rigor y la objetividad de esta disciplina. Desde esta perspectiva, si por memoria histórica se entiende esa aproximación seria y científica al pasado, que siempre ayuda a entender el presente, resultará positiva. También tiene todo el sentido el reconocimiento o la reparación moral de cualquier víctima. En cambio, están fuera de lugar el revanchismo, la venganza, o el mero “revisionismo histórico” que persigue un objetivo predeterminado; y además implicarían al tiempo la revisión y frustración de uno de los mayores logros de nuestra transición política, como fue la reconciliación.

            El caso es que, a los tres duros años de guerra civil siguieron otros en absoluto mejores, con una difícil posguerra, tanto en España, como fuera de ella, con miles de personas que tuvieron que huir para salvar sus propias vidas o evitar las persecuciones a las que aquí serían sometidos. En alguna medida, ese exilio político viene seguido, y de algún modo llega incluso a solaparse, con un fuerte movimiento de emigración a lugares más prósperos, ante la imposibilidad de ganarse la vida en territorio español. En ambos casos, hay que destacar el papel de muchos países hispanoamericanos como lugar de acogida de aquellos españoles que se vieron obligados a abandonar su patria. Especialmente importante, en este sentido, fue la contribución de México, que durante décadas acogió a los españoles que llegaban huyendo de la persecución, de la necesidad económica, o de ambas circunstancias. España, que ahora es territorio de acogida de inmigrantes, nunca debería olvidar que ha sido durante décadas lugar de salida de emigrantes y exiliados, y al tiempo reconocer (como desde hace algunos años se ha hecho en ocasiones solemnes al más alto nivel) la deuda de gratitud con quienes acogieron a tantos españoles. En fin, entre tantos intelectuales que se vieron obligados a iniciar el exilio hace ocho décadas, no hay que olvidar una larga lista de juristas, cuyo mero enunciado no tendría cabida en este espacio: a título de muestra, Luis Recasens Siches, Jiménez de Asúa, o Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, hijo del que fuera presente de la República. Juristas que recibieron la acogida de los países hispanoamericanos y de su mundo académico, pero que también aportaron allí sus enseñanzas e influencias. Es ahora buen momento para conocer y divulgar esa labor, que afianza la intensa relación de España con los países hispanoamericanos. Intentaremos poner nuestro granito de arena.

(Fuente de la imagen: https://conceptodefinicion.de/exilio/)