¿Lifting
o cirugía?
No, mis
estimados lectores, no es que mi afición por la estética y la cirugía haya ido
más allá de lo imprescindible. Más bien, como pueden suponer, es una metáfora
–que espero no resulte incorrecta o inadecuada para nadie- aplicable a la
Constitución. Porque si bien cada año, desde hace ya bastantes, somos más los
que venimos señalando que ha llegado el momento en que su reforma va pasando de
ser conveniente a necesaria, quizá es la primera vez que esta eventualidad ha
pasado de ser posible a altamente probable, para la próxima legislatura. En
efecto, buena parte de los partidos políticos llevan propuestas más o menos
amplias de reforma en sus programas para las próximas elecciones, y en general
ya todos aceptan esa posibilidad para la próxima legislatura. Claro está que, a
partir de ahí, muchas de estas propuestas parecen todavía demasiado vagas e
inconcretas, y desde luego hay muy poca coincidencia sobre a qué aspectos deben
abarcar, y en qué sentido deben ir la reformas. En suma, unos se conformarían
con un “lifting”, que eventualmente no conlleve intervención quirúrgica, y
otros preferirían una más profunda cirugía reparadora, sin olvidar que, por
desgracia, algunos parecen más partidarios de aplicarle a la norma fundamental
de 1978 la eutanasia, y empezar de cero un nuevo proceso constituyente que
ignore incluso las reglas de reforma del texto vigente. Pero como ya he dicho
muchas veces, difícilmente el consenso ha sido nunca el punto de partida, y más
bien se configura como un punto de llegada, y así lo fue en los años 1977 y
1978, que dieron lugar al texto constitucional vigente.
En cualquier caso, parece llegado el
momento de ir avanzando algo en el cómo y el qué convendría reformar.
Comenzando por lo primero, cuando hablo del “cómo”, no me refiero a la obviedad
(aunque parece que algunos no lo consideran tal) de que habría que seguir los
procedimientos previstos en los artículos 166 y siguientes de la propia norma
fundamental, sino también a qué condiciones políticas serían deseables para que
el nuevo texto tuviera el suficiente apoyo y legitimidad y sea capaz de generar
el necesario sentimiento constitucional. Y en este aspecto, más allá de la
aritmética, conviene apuntar dos ideas: la primera, que el apoyo debería ser lo
suficientemente amplio como para que no quedase fuera ninguna de las fuerzas
políticas mayoritarias, tanto a nivel estatal, como en lo relativo a las
fuerzas de ámbito regional con mayor apoyo. Es probable que la unanimidad sea
un objetivo inalcanzable, pero al menos el apoyo a cualquier reforma ha de ser
muy intenso tanto en términos cuantitativos (número de diputados y senadores)
como cualitativo (variedad de fuerzas políticas, y por decirlo claramente no
sería idóneo, aunque sí posible, un acuerdo de solo tres fuerzas políticas
aunque alcanzasen hipotéticamente los dos tercios necesarios para la reforma
agravada). La segunda idea: aunque por razones muy comprensibles, en el tema de
la reforma la Constitución solo concedió a las Comunidades Autónomas, a través
de sus asambleas, la facultad de presentar la iniciativa, ahora no me parecería
lógico un proceso en el que las Comunidades no fueran oídas de algún modo, y
que al menos de forma muy mayoritaria apoyasen el texto resultante.
Respecto al "qué", conviene empezar a valorar cuáles podrían ser los contenidos o aspectos fundamentales que una
próxima reforma constitucional habría de abarcar. Aquí, como ya se ha dicho,
las alternativas propuestas son muy variadas. Yo, por ir situándome, me
ubicaría en un punto intermedio entre lo que sería una mera operación
cosmética, o de muy escasa incidencia de fondo, y lo que supondría “matar” a
esta Constitución, que será lo que sea, pero no es ni tan vieja ni mucho menos
inútil, si lo consideramos en términos comparados. El intento frustrado de la
legislatura iniciada en 2004 era, después de todo, poco más que un “lifting”
con intervenciones bastante superficiales (sobre todo las relativas a la
mención de las Comunidades Autónomas y a la Unión Europea), pero aun así el
Consejo de Estado se encargó de poner de relieve sus dificultades. Yo creo que
ahora habría que ir, por muchas razones, a una cirugía más profunda, y así, además
de algunos de aquellos aspectos (Senado, sucesión a la Corona, Unión Europea),
habría que revisar muchos otros, y la reforma podría afectar a buena parte de
los títulos de nuestra carta magna.
A
título de muestra, creo que habría que considerar la reforma en materia de
derechos fundamentales, para ampliar los mismos, incluyendo algunos derivados
de cambios sociales y culturales o de avances científicos y tecnológicos
(explicitar derechos como la intimidad informática), así como profundizar en
las garantías de los derechos, especialmente de los económicos sociales y
culturales. También habría que establecer nuevas firmas de participación
ciudadana, y eliminar algunas restricciones o dificultades existentes en esta
materia (es muy difícil plantear con éxito una iniciativa legislativa popular,
el referéndum ha sido muy poco utilizado y parece bastante restringido). Hay
cuestiones técnicas muy importantes que han de revisarse, como la relativa a la
posición de los tratados en nuestro sistema de fuentes, y el control de las
leyes y otras normas en caso de que infrinjan esos tratados. También merece la
pena ver en qué conviene reformar el Tribunal Constitucional, tanto en su
composición (acaso un número impar de magistrados fuese una buena idea), como
en sus competencias (quizá convenga dejar el amparo en manos de los tribunales
ordinarios y especializar al Constitucional en procesos de control, incluyendo
en su caso control previo de Estatutos y de la reforma constitucional, aunque
esto último puede hacerse por ley). Por supuesto, hay importantes aspectos
orgánicos dignos de revisión, no solo el más evidente del Senado, sino acaso
otros vinculados al sistema electoral, y yo de paso introduciría la limitación
de los mandatos presidenciales a dos, aunque estemos en un modelo
parlamentario. Y cómo no, seguro habrá que abordar la reforma de nuestro modelo
territorial de Estado. Aquí las alternativas van a ser antagónicas, y cada uno
tendrá su opinión. Yo ya he escrito que la mía va en la línea de profundizar en
la idea de establecer distintos niveles de descentralización y reconocer
singularidades. De todos modos, me interesa destacar muy claramente los límites
que creo debería tener cualquier reforma: el Estado social y democrático de
Derecho, la soberanía del pueblo español, la monarquía parlamentaria, los
principios unidad, autonomía, y solidaridad, la dignidad y los derechos como
fundamento del orden constitucional. Así la Constitución de 1978 seguirá
estando viva.
(imagen tomada de
