800 años de la Carta Magna (y II)

800 años de la Carta Magna (y II)

            Transcribíamos en el último “miradero” algunos de los preceptos más innovadores de la Carta Magna. Pero encontramos otros que hoy nos resultarían pintorescos en un texto constitucional, como el 35 (“Habrá patrones de medida para el vino, la cerveza y el grano en todo el Reino, y habrá también un patrón para la anchura de las telas teñidas, el pardillo y la cota de malla…”) o el 47 (“Todos los bosques que se hayan plantado durante nuestro reinado serán talados sin demora”), e incluso decididamente arcaicos, como el 8 (“Ninguna viuda será obligada a casarse mientras desee permanecer sin marido. Pero deberá dar seguridades de que no contraerá matrimonio sin el consentimiento regio, si posee sus tierras con cargo a la Corona, o sin el consentimiento del señor a quien se las deba”), el 11 (“Si un hombre muere debiendo dinero a judíos, su mujer podrá entrar en posesión de la dote y no estará obligada a pagar cantidad alguna de la deuda con cargo a aquella”), o el 54 (“Nadie será detenido o encarcelado por denuncia de una mujer por motivo de la muerte de persona alguna, salvo el marido de aquella”), que sin embargo supusieron algún avance en términos de garantías respecto a la situación anterior.

  

                  Por tanto, la Carta Magna entra con justicia en la historia del constitucionalismo y de los derechos, pero como antecedente remoto. Su mérito es haberse adelantado en siglos a los primeros reconocimientos de derechos, pero no hay en su lenguaje pretensión alguna de universalidad, ni en cuanto a los “derechos” (se limita a la protección de la libertad y la propiedad), ni en cuanto a las personas (principalmente se habla de barones, eclesiásticos y mercaderes). Habrá que esperar a las primeras declaraciones del siglo XVIII para leer términos como “todos los hombres son, por naturaleza, igualmente libres e independientes”. En fin, la Carta Magna del rey Juan fue un hito importante porque adelantó los límites al poder real. Y es justo celebrar su octavo centenario. Pero no se puede terminar sin recordar que hay un antecedente previo casi en una generación, que fueron los “decreta” que componen la llamada “Carta Magna Leonesa” de 1188, que reconocen límites similares al poder del rey, aprobados en una reunión que, por muchas razones, está considerada la primera reunión parlamentaria del mundo. Con muy escasas excepciones, han tenido que ser curiosamente los estudiosos anglosajones quienes hayan “puesto en valor” el significado de las Cortes leonesas de 1188. Traduzco un texto de John Keane, en The life and death of democracy, tratando de responder a la cuestión de dónde nació el Parlamento: “contrariamente a lo que creen algunos anticuados devotamente británicos, que el Big Ben es eterno, y piensan que la institución parlamentaria es sin duda «el mejor regalo del pueblo inglés a la civilización del mundo», los parlamentos fueron un invento de lo que hoy es el norte de España (…). De este modo, la moderna práctica de la representación parlamentaria nació del triángulo formado por nobles, obispos y ciudadanos. Fue en la ciudad amurallada, antes romana, de León, en marzo de 1188 –una generación completa antes de la Carta Magna del rey Juan de 1215-…” 

(fuente de la imagen: http://www.barnesandnoble.com/w/1215-danny-danziger/1006228037?ean=9780743257732) 

800 años de la Carta Magna (I)

800 años de la Carta Magna (I)

         Fue el 15 de junio de 1215. Y fue, sin duda, un hito histórico. El rey Juan de Inglaterra cedía ante los nobles y la iglesia y reconocía sus privilegios en una Carta. De forma escrita se plasmaban limitaciones al poder del rey, y este aceptaba respetar las propiedades y la libertad de los barones y los obispos, en un documento firmado conjuntamente con ellos. Es, sin duda, una fecha para recordar. Y es comprensible que, en el recuerdo, ese momento histórico haya adquirido perfiles legendarios y románticos en un país tan orgulloso de su historia como Inglaterra. El cine nos ha representado una y otra vez aquel trascendental momento, casi siempre con tintes épicos. Aquí parecen encontrarse los orígenes de todo: el parlamentarismo, las declaraciones de derechos, el constitucionalismo. 

            Desde luego, objetivamente estamos ante un momento de trascendencia histórica. La Carta Magna supuso uno de los primeros intentos de limitar el poder del rey e introducir algo de racionalidad en el ejercicio del poder, y su objetivo era acabar con la arbitrariedad y los abusos. Pero hay que valorar los hechos, y el famoso documento, en su justa medida. En realidad se trataba de un rey débil que cede ante el poder de unos nobles y una iglesia que habían adquirido fuerza. Es un episodio de la secular lucha por el poder. Es verdad que la Carta Magna suele incluirse entre los primeros documentos en materia de derechos  humanos, y yo mismo incorporé este texto como el más antiguo cuando en 2004 recopilé los “Textos constitucionales históricos” en un trabajo publicado en la editorial Palestra, de Lima. Pero su papel es el de un antecedente remoto (uno de los más remotos), y no puede verse en modo alguno como una auténtica declaración de derechos. Si leemos la Carta Magna (algo muy recomendable siempre, y más ahora con el pretexto del octavo centenario), encontramos sin duda preceptos sorprendentemente modernos, como el 39: “Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino”, el 40: “No venderemos, denegaremos ni retrasaremos a nadie su derecho ni la justicia”, o el 45: “No nombraremos jueces, capitanes, corregidores ni bailíos sino a hombres que conozcan las leyes del Reino y tengan el propósito de guardarlas cabalmente”, y es en estos aspectos en los que aprecia su gran valor como texto que se anticipa en más de 400 años a los primeros textos del constitucionalismo británico (la Petition of rights de 1628, o la Habeas Corpus Amendment Act y el Bill of rights de 1689, que ya de por sí se anticiparon en más de un siglo a los textos franceses y americanos), hablándonos de libertades y propiedad. Y sigo en el próximo “miradero”.

(fuente de la imagen: https://www.britainfirst.org/magna-carta-1215/ )

El pueblo, las reglas, el gobierno... y "la gente"

El pueblo, las reglas, el gobierno… y “la gente”

         Como suele suceder después de muchas elecciones, todos creen haber ganado, y en realidad no está muy claro a quién hay que dar la enhorabuena. Esto sucede en realidad por las características y reglas propias del sistema parlamentario, que, con sus ventajas e inconvenientes, parte de una premisa tan obvia como chocante e incluso extraña para muchos ciudadanos: el pueblo no elige directamente a sus gobiernos. En efecto, nosotros no elegimos ni a nuestro alcalde, ni al presidente de nuestra Comunidad Autónoma, ni al del Gobierno español, y mucho menos a los correspondientes equipos de gobierno. Es verdad que la saludable costumbre de los partidos de anunciar antes de las elecciones quién es su candidato a ocupar cada uno de estos puestos, mitiga ese “salto” entre electores y gobiernos, pero en situaciones como la actual, con carencia casi total de mayorías absolutas, se aprecian con toda claridad las consecuencias de esta característica. En estos supuestos es tan habitual como necesaria la búsqueda de pactos para constituir gobiernos estables. Estos pactos pueden conducir simplemente a facilitar (con el voto favorable o con la abstención cuando pueda bastar con esta) la investidura de un candidato, pero pueden ir más allá, desde el compromiso de apoyos a las iniciativas previamente acordadas o programadas, hasta el pacto de legislatura, con o sin la entrada en el Gobierno de todos los grupos que pactan.

            Todo ello es siempre admisible y plenamente legítimo en una democracia parlamentaria, pero no es correcto plantear necesariamente los pactos y los gobiernos resultantes como un reflejo directo de la voluntad popular o como la más correcta interpretación de esta, salvo que dicho pacto o los apoyos de cualquier tipo a otras fuerzas se hubieran anunciado y hubieran sido conocidos por los votantes antes de las elecciones. Fuera de estos casos, la única voluntad popular explícita es la que se manifiesta en la elección de los representantes (concejales o diputados), y es en una fase posterior cuando estos eligen al alcalde o presidente. Y desde luego, esto es particularmente cierto cuando los apoyos o pactos que finalmente se producen habían sido descartados antes de las elecciones. Por todo lo anterior, aunque uno ya no se sorprende de casi nada, no dejan de resultar más que curiosas algunas actitudes. Por un lado, la de quienes, aun cuando resulta claro que habiendo obtenido globalmente más votos y escaños que otros van a sufrir una inmensa pérdida de poder en el nivel de los gobiernos, quieren plantear ese resultado casi como un éxito. Por otro, la que aquellos que, a pesar de resultar manifiesto que han quedado en segundo lugar tanto en votos como en escaños, se apresuran a celebrar la noche electoral una victoria que no existe en el nivel de los representantes, y que para darse en el nivel de los gobiernos requiere de apoyos o pactos no conocidos, y hasta expresamente negados por la otra parte. Y en fin, la de quienes habiendo obtenido apoyos populares minoritarios (tal vez menos del diez por ciento) consideran que ellos hablan en nombre de “la gente” y se permiten dar lecciones de lo que hay que hacer por y para “la gente” a quienes les triplican en apoyo popular. “La gente” es un concepto vacío en términos jurídicos o políticos, ya que es el pueblo el que expresa su voluntad, pero creo que algunos lo han inventado para explicar que una minoría (por muy decisiva que llegue a ser) parece tener, por alguna razón que se me escapa por completo, una legitimidad superior la mayoría.

Mejorar las campañas

Mejorar las campañas

        

    Probablemente a estas alturas de la campaña electoral, la mayoría tendemos a estar un poco hartos de la repetición machacona de mensajes abiertamente publicitarios, de los coches que pasan anunciando mítines por megafonía y a voz en grito, de ver las mismas caras en los cartelitos de toda la ciudad, de nuestro buzón lleno de sobres y papeles de propaganda electoral… eso por no decir de las muchas simplezas y de las promesas manifiestamente demagógicas y populistas que se hacen. Podría parecer que aprovecho el momento para escribir lo que voy a escribir, pero en realidad llevo bastante tiempo (al igual que otros colegas) reclamando otra regulación, y sobre todo otra práctica, en lo relativo a las campañas electorales. No se trata solo de eso de nuevas tecnologías y redes sociales. Se trata de algo más importante. De tres ideas fundamentales que, en mi opinión, deberían presidir las campañas electorales modernas.

            En primer lugar, debate de ideas y de programas. Un debate que no se produce si cada uno se limita a contar “lo suyo” a “los suyos”, así que creo que no van en la línea correcta los mítines cuyo único objetivo es un minuto de impacto en televisión, la propaganda electoral, los espacios gratuitos y todas las formas comunicativas que transmiten un mensaje no susceptible de contraste con otras propuestas o de crítica. En cambio, los debates entre candidatos en los diversos medios de comunicación (incluyendo internet o las redes sociales) tienen mucho más sentido, y no deberían ser una práctica puntual o excepcional, o incluso ser de imposible realización cuando algunos candidatos los descartan. En segundo lugar, comunicación real con los ciudadanos. Una comunicación que no puede estar basada en los carteles con eslóganes e imágenes de los candidatos que ya conocemos, ni en los mensajes estereotipados de la propaganda electoral, todo ello formas de comunicación cerradas y unidireccionales, sin posibilidad de comunicación real con los electores. Ni en el mero hecho de que el candidato trate de recorrer muchos barrios de su ciudad, o muchos pueblos de su región, con el único objetivo de repartir el mayor número de besos y abrazos para que los ciudadanos le “sientan cercano”. Hay en realidad muchas vías que posibilitan una comunicación más cercana, y aquí las nuevas tecnologías pueden jugar un gran papel, desde buzones de correo electrónico hasta las redes sociales, pasando por páginas webs o blogs en los que se permita la comunicación bidireccional (sin descartar, desde luego, la comunicación personal y directa cuando tenga un contenido real). Y en tercer lugar, el ahorro. Creo que el actual sistema de utilización de medios públicos en campaña electoral, además de favorecer enormemente a los partidos ya implantados, supone un gasto inútil de demasiado dinero público. ¿Cuánto nos cuestan los espacios gratuitos para carteles, los envíos de propaganda, los espacios para mítines, los tiempos gratuitos para cuñas publicitarias en la televisión pública? Y sin embargo, como he apuntado, son las formas de comunicación más obsoletas e ineficaces. La campaña electoral, en lugar de costar dinero, puede incluso generarlo, pues los debates reales sobre temas de interés tienen audiencia. En fin, es mucho lo que hay que cambiar.  

(Imagen tomada de http://agenciamorris.com/la-estructura-invisible-de-la-campana-electoral/)

A vueltas con la regla d´Hondt

A vueltas con la regla d´Hondt

            Algunos nos hemos pasado años explicando (en las aulas, en foros académicos, en los medios) lo que podríamos llamar las distorsiones sobre la proporcionalidad estricta que provoca la llamada regla d´Hondt, o para ser más exactos, la combinación esta fórmula (que en España utilizamos en prácticamente todas las elecciones, excepto en el Senado) y la circunscripción. Me ha tocado explicar muchas veces por qué tiende a favorecer a los partidos más votados (sean los que sean), por qué el voto de los ciudadanos de Soria (o Teruel, Guadalajara, Cuenca…) en las elecciones al Congreso, “vale” mucho más que el de los madrileños o barceloneses; por qué las candidaturas que concentran sus votos en unas pocas provincias (sobre todos los nacionalistas) solían obtener muchos mejores resultados en escaños, que quienes obtenían muchos más votos, pero repartidos equitativamente en todo el territorio nacional (por ejemplo, y hasta ahora, Izquierda Unida); por qué, en fin, en circunscripciones con muy pocos escaños, la proporcionalidad se desvirtúa de una forma bastante notoria. Tanto he explicado todo esto, que a veces tengo la sensación de haber arrinconado lo esencial.

            Lo esencial es que todas las fórmulas electorales son democráticas cuando permiten elegir libremente entre diversas opciones políticas y trasladan de forma razonable los resultados en votos a los escaños. Y para ello hace falta un contexto de pluralismo real. Lo esencial es que incluso los sistemas mayoritarios puros son perfectamente democráticos (no es menos democrático el Reino Unido que cualquier otro país con sistemas proporcionales, a pesar de las distorsiones que puede producir su fórmula). Lo esencial es que incluso donde la Constitución impone una fórmula proporcional, la que tenemos cumple suficientemente las exigencias de este principio (lo que ha reiterado el Tribunal Constitucional respecto a varias leyes autonómicas). Lo esencial es que, a la hora de elegir un sistema electoral, hay muchos factores a tener en cuenta. La proporcionalidad y el pluralismo son algunos de ellos, pero no cabe ni mucho menos desdeñar otros, como la gobernabilidad o la estabilidad. Resulta que este sistema tan denostado ha permitido durante casi cuarenta años una democracia más o menos equilibrada, y sin cambio alguno ha posibilitado un modelo pluripartidista, luego el llamado “bipartidismo imperfecto”, y ahora parece que de nuevo pluripartidismo (o tal vez incluso atomización); a veces ha provocado mayorías absolutas y otras veces relativas. Así que al final todo depende del comportamiento electoral del pueblo, como debe ser. Y cuando cada vez eran más las voces que exigían su inmediata modificación para incrementar la proporcionalidad y dar mayor presencia a terceras y cuartas fuerzas políticas nacionales, vemos que en Grecia un significativo premio de escaños a la fuerza ganadora ha permitido a Syriza gobernar con holgura, o que en Italia se propone una nueva reforma para garantizar igualmente que la fuerza ganadora pueda gobernar sin dificultad. A ver si vamos a ir con el pie cambiado, y en lugar de más proporcionalidad lo que va a hacer falta es garantizar la estabilidad, ahora que parece que va a ser más difícil que nunca formar gobiernos…       

(Imagen tomada de http://www.isd.org.sv/isd/index.php/marco-juridico/legislacion-electoral)